Arranca el plan de Choque social en Castilla y León.
Se pone en marcha el Plan de Choque social en Castilla y León que ya se está conformando y creciendo en nuestra comunidad. El “Plan de Choque Social de Castilla y León” nace con la voluntad de agrupar a organizaciones y colectivos de la región, en torno a la idea de que la crisis sanitaria, social y económica que vivimos en relación con la pandemia del Covid-19 y cuyas consecuencias ya estamos sufriendo y sufriremos en un futuro inmediato, no pueden pagarlas las mismas de siempre, las de abajo, las clases populares, las trabajadoras y trabajadores.
Plan de Choque Social arranca en el estado español en el mes de marzo respaldado por más de 600 organizaciones que intervienen en distintos ámbitos en todo el territorio; asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos alternativos, de inquilinas, organizaciones de carácter humanitario, feministas, de migrantes, racializadas, observatorios de la deuda, centros sociales y culturales, cooperativas alimentarias, de economía alternativa y solidaria, etc. Desde entonces se vienen articulando nodos por comunidades, provincias o municipios.
Principales reivindicaciones del Plan de Choque
- La defensa de los servicios públicos y reversión de los que están privatizados para una
protección social universalizada y eficaz. - El derecho a una vivienda digna y suministros básicos como condición primordial.
- Regularización inmediata de las personas migrantes, cuya situación se recrudece semana tras semana en el contexto que atravesamos.
- La defensa de los derechos y libertades de todos y todas y especialmente de los colectivos más vulnerables de la sociedad, así como las personas dependientes.
- El reparto del trabajo y la riqueza por unas condiciones de vida dignas, a través de la instauración de una renta básica incondicional.
- La derogación integra de las reformas laborales que desprotegen a las clases populares.
- No al pago de la deuda generada por la banca privada y derogación de la modificación
del artículo 135 de la CE, que están impidiendo que la riqueza socialmente generada se pueda invertir en servicios públicos básicos.
