Mediante la obtención de documentación personal de forma ilegal, realizaban préstamos a nombre de las víctimas y realizaban pedidos online de productos que luego vendían en portales de compraventa. Esta trama criminal afectaba a 32 provincias de todo el territorio nacional, entre ellos León.
Han sido detenidos por la Guardia Civil siete hombres por 353 delitos, en la operación “TRESCIENTOS Y PICO”. Entre los delitos que se les acusan estarían los de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, robo con fuerza, hurto, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Además de estas personas detenidas se han investigado a 11 hombres más por los mismos hechos.
La Guardia Civil recibió dos denuncias a principios de septiembre de 2020, de vecinas del municipio de Tavernes Blanques en las que manifestaban que se habían realizado una serie de cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos con una entidad financiera que nunca habían solicitado. Tras abrir una investigación, los agentes lograron descubrir que la trama criminal era mucho más extensa de lo que creían y afectaba en total a 32 provincias de todo el territorio nacional: Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Los detenidos habrían estafado más de 2.000.000 de euros a sus víctimas
Los autores habían creado varios perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet, entre otros un portal inmobiliario. En estos falsos anuncios, las víctimas se interesaban por alquilar viviendas con un precio por debajo de lo habitual, y de esta forma, los autores de estos crímenes solicitaban la documentación personal de los interesados exponiendo que era totalmente necesario para el arrendamiento. Toda esa documentación personal era utilizada posteriormente por los autores para adquirir en tiendas online productos de alta gama como bicicletas, motocicletas, vehículos, etc, mediante préstamos financieros a nombre de sus víctimas.
Una vez que estos productos se encontraban en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de venta de segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real, con la intención de venderlos y obtener el beneficio económico de las ventas con rapidez. El valor de los beneficios de los ilícitos penales y los perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los 2.000.000 de euros.
Inés Alonso