El juez imputa tres delitos al BBVA por la labor de espionaje de Villarejo

La posición procesal del BBVA en el caso Villarejo cambió este lunes de forma sustancial, al acordar el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación de la entidad por tres supuestos delitos, en relación con las tareas de espionaje encargadas al excomisario Villarejo. Esta labor se habría centrado en especial en la constructora Sacyr, que pretendió relevar a Francisco González como presidente del BBVA en el 2014.

El BBVA había asegurado que su colaboración con la justicia estaba siendo plena. A partir de ahora, esa ya no será una muestra de buena voluntad, sino la consecuencia de su nuevo estatus en la causa, como persona jurídica imputada por los supuestos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El juez ha accedido de este modo a la petición formulada la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción, tras constatar que directivos del BBVA habían efectuado pagos a Villarejo, en términos que darían pie para sostener la presunta existencia de dichos delitos.

Previamente, la entidad había solicitado personarse en esta causa como parte perjudicada. Anticorrupción se opuso de inmediato. En un informe al respecto, la Fiscalía decía interesar que se desestimara la solicitud del BBVA de figurar “en la causa como acusación particular”. El juez, en efecto, lo ha rechazado, y el BBVA ha pasado a una posición bien distinta, la de imputado. Es decir, de constar como parte que pide cuentas a tener que darlas.

La imputación como persona jurídica supone que la entidad sabe desde ahora que pueden derivarse responsabilidades penales en su contra. Por ello el juez acuerda en su auto que el BBVA designe a su representante legal en la causa, para poder defenderse y alegar cuanto convenga a sus intereses.

Todo ello a la vista de que una vez analizada la documentación obrante en las diligencias instruidas –parte de ella obtenida en registros– y la que ha aportado el propio banco, la Fiscalía considera que hay datos sólidos para sostener que se efectuaron contratos y pagos ilícitos a la sociedad mercantil Cenyt, de la que era titular el excomisario Villarejo, en prisión provisional desde noviembre del 2017, por sus negocios de información paralelos a su condición de funcionario policial.