Durante la inauguración del XXII Congreso de los Bancos de Alimentos de España, el presidente de la Junta ha destacado que Castilla y León ha sido la primera Comunidad en crear un canal oficial de distribución de alimentos de manera urgente, que garantiza el suministro inminente de productos básicos de alimentación a todas aquellas personas que no disponen de los medios más elementales de subsistencia.
Este trabajo coordinado entre entidades públicas y privadas ha contribuido también a que en Castilla y León los datos más recientes señalen una disminución de los índices de pobreza, situándose bastante por debajo de la media estatal. De hecho, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma con menor tasa de hogares con carencia material severa, un 2% en 2016, muy por debajo de la media nacional situada en el 5,8%.
Red de protección para las personas más afectadas por la crisis
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha destacado también que desde su puesta en marcha, en 2013, la Red de protección para apoyar a las personas más vulnerables y afectadas por la crisis ha atendido a una media de 160.000 personas al año, a través de sus más de 300 agentes, y del desarrollo de 23 programas. Entre ellos, sobresale el de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Servicio de Atención a Familias en Riesgo de Desahucio (que en 2016 atendió a 4.600 familias), o las ayudas de emergencia (que el año pasado beneficiaron a más de 30.000 personas). Para 2017, la Red cuenta con un presupuesto de 190 millones de euros, lo que va a permitir poder llegar a unas 190.000 personas.
Además, Herrera ha señalado que la Red se ha ido perfeccionando estos años, reforzando sus coberturas y flexibilizando el acceso a sus principales prestaciones. En la actualidad se encuentra en fase de tramitación un proyecto de ley, que cuenta con el consenso del Diálogo Social y del Tercer Sector, para dotar a esta Red de carácter estable y permanente, ampliando sus beneficiarios, e integrando hasta 11 prestaciones más.
Esta ley establecerá también cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social, uno de los cuales será precisamente el derecho a la provisión inmediata de alimentación, lo que implica que estará públicamente garantizada, con independencia del nivel de necesidad o el índice de demanda existente; y que se pondrá especial énfasis en menores, mujeres embarazadas y lactantes.
Digital de León