El futuro más cercano de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de la Manada, está en manos de la jueza Raquel Fernandino. Otra vez.
Este jueves, 5 de julio, se celebra en Pamplona la vista que decidirá si el sevillano, condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento y el hurto del teléfono móvil de la víctima, vuelve a la cárcel si finalmente el tribunal considera que incumplió uno de los requisitos para la libertad provisional al intentar renovar su pasaporte.
El documento, que le había sido incautado por la Audiencia Provincial de Navarra, es el quid de la cuestión. Porque no es un asunto leve: el auto de libertad provisional les retiraba el pasaporte a los cinco sevillanos y les establecía la prohibición de obtener otro, así como de salir del territorio nacional.
La Fiscalía actuó y pidió su reingreso, entendiendo que el riesgo de fuga estaba más que probado con la intentona de renovar el pasaporte. Pero el tribunal, formado por la jueza Raquel Fernandino y los magistrados José Francisco Cobo y Ricardo González, vuelve a estar dividido.
Comparecerá por videoconferencia
Guerrero comparecerá a través de videoconferencia, al igual que la funcionaria que le atendió en la oficina del pasaporte. Jesús Pérez, el abogado del sevillano, siempre defendió que su cliente quería hacer “una consulta”, aunque la Policía dice que no, que no mostró ningún documento judicial.
En el caso de que la Justicia le ordene el reingreso, volverá a la prisión militar de Alcalá de Henares, de la que salió hace apenas quince días. En ese caso, su condena podría aumentar y ya no podría solicitar más la libertad provisional.