El pasado viernes por la tarde, el ex vocalista de La Polla Records, Evaristo Páramos, ofreció un concierto junto a su nuevo grupo, Gatillazo, durante el Festival Primavera Trompetera de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Al terminar, agentes de la Guardia Civil se aproximaron a él. Primero lo acompañaron al backstage, después, le pidieron que se identificara, tomaron sus datos y le hicieron algunas preguntas.
Alguien grabó la escena con un teléfono móvil y subió el vídeo a las redes sociales. 48 horas después el vídeo se había vuelto viral y varios activistas y conocidos del cantante aseguraron en redes sociales que Evaristo había sido “detenido” o “retenido” “por el contenido de sus letras”, que lleva cantando más de 30 años.
Sobre esta afirmación, varios medios de comunicación y responsables políticos como Pablo Iglesias o Alberto Garzón mostraron su apoyo a Evaristo. El bulo de una supuesta detención y traslado a comisaría de Evaristo aún se mantuvo vivo. Incluso se multiplicaron por las redes sociales durante toda la mañana y la tarde del domingo.
Evaristo no fue detenido ni conducido a comisaría, sin embargo, los agentes de la Guardia Civil le sacaron del recinto del festival. Le pidieron explicaciones después del concierto por unos supuestos insultos que el cantante hizo durante su actuación.
No por el contenido de las canciones, sino por “alguna referencia que hizo a los agentes de seguridad pública y que fue saludada con silbidos y aplausos por el público”, explican fuentes de la Benemérita.
Después se aclaró que los agentes le siguieron cuando bajó del escenario y, tras identificarle, le presentaron una “denuncia administrativa por falta de respeto y consideración a la autoridad” en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada ley mordaza.
Ahora Evaristo se expone a una sanción económica por haber gritado “hijos de puta” a la policía durante un concierto de rock. El nuevo delito leve por falta de respeto a la autoridad, introducido por la reforma del Código Penal de julio de 2015, proviene de la antigua falta prevista en el anterior Código Penal en el artículo 634 (ya derogado).
La modificación que introdujo la Ley de Seguridad Ciudadana dice que “los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses, a razón de seis euros de cuota diaria, la multa a pagar por la persona condenada sería de 540 euros».