El juicio por la muerte de seis mineros y cinco heridos en 2013 en el Pozo Emilio del Valle se celebrará el 5 de abril, en el Juzgado de lo Penal 2 de León. Entre los fallecidos, ninguno superaba los 45 años de edad. En banquillo se sentarán 16 acusados de la Hullera Vasco Leonesa, propietaria del pozo situado en el municipio de La Pola de Gordón.
Dieciséis acusados por homicidio imprudente
Entre los acusados se encuentra Antonio del Valle, presidente de la empresa en el año del suceso y el vicepresidente, Arturo del Valle. La Fiscalía solicite penas de hasta 3 años y medio para los acusados. Así como indemnizaciones que rondan entre los 1,1 millones de euros para las familias de de las víctimas y más de 770.000 para los heridos por el escape de gas grisú. Todos ellos imputados por delitos de homicidio con imprudencia grave y lesiones por imprudencia.
Piden hasta siete años de prisión
A su vez, los abogados de los afectados piden entre 6 y 7 años de prisión para los acusados. Las familias de los acusados esperan que el COVID-19 no retrase más los muchos años de espera que han tenido que sufrir por la muerte de José Antonio Blanco, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Juan Carlos Pérez y Roberto Álvarez
8 años antes del juicio por la muerte de seis mineros
En octubre de 2018 se produjo en Pola de Gordón uno de los peores accidentes mineros que se recuerdan. Un escape de gas grisú a casi 700 metros de profundidad mientras realizaban labores de picado en la séptima galería que provocó la muerte casi en el acto de 6 mineros, todos ellos leoneses, excepto un asturiano.
Días de luto, dolor y lágrimas
El municipio leonés vivió días de luto y dolor, en los que las lágrimas de impotencia la familia minera fueron las protagonistas. Se organizaron concentraciones formadas por toda la cuenca en forma de reivindicación pidiendo justicia en recuerdo de todas las víctimas.
Fuentes cercanas a la familia han recriminado a lo largo de estos 8 años las trabas impuestas por la Hullera Vasco Leonesa para que el juicio por los mineros fallecidos se retrasara lo máximo posible. Los afectados reclaman a la empresa las negligencias cometidas. Así como la falta de transparencia a la hora de admitir que la zona no cumplía con las medidas de seguridad necesarias. Trabajadores informaron tiempo antes del incidente del mal estado de la rampa, aspecto al que la empresa no prestó atención.
Daniel Francisco
