Hoy se abre definitivamente la temporada de caza en Castilla y León, tras la publicación el pasado viernes en el Bocyl de la modificación de la Ley 4/1996 o Ley de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La ley se aprobó el pasado miércoles en las Cortes autonómicas sin ningún voto en contra y con la abstención de Podemos.
La normativa dice que se abre la veda para cazar especies como el corzo, la cabra montesa, el jabalí o el zorro, con el objetivo de conservar la naturaleza, proteger los ecosistemas y dinamizar las economías rurales. La caza es una actividad que debe ejercitarse de manera racional y ordenada para garantizar la existencia permanente del recurso. Se trata de mantener un estado de conservación favorable de las especies que se regulan en la modificación de la ley, su utilización razonable y la estabilidad de los procesos y equilibrios naturales.
En Castilla y León, más del 88 por ciento de su superficie son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 kilómetros cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza.
Desde el Gobierno regional apuntan que la actividad cinegética se ha demostrado en los últimos años como la herramienta de gestión y control más eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos. También permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico y evitar posibles epizootias y zoonosis, tales como la tuberculosis bovina o la peste porcina africana.
Conviene tener en cuenta, las cifras de siniestralidad que ocasiona la fauna silvestre cinegética, que constituyen un motivo de preocupación en todos los países de la Unión Europea. Las políticas públicas de seguridad vial exigen la reducción de los efectivos de poblaciones de ungulados silvestres en determinadas comarcas de forma prioritaria por parte de los poderes públicos y, para lograr esta medida, la herramienta más efectiva es la caza.
De igual manera, se señala que las comarcas rurales de Castilla y León, especialmente las menos industrializadas o pobladas, son las más vinculadas a la actividad económica derivada de la caza, de modo que los ingresos obtenidos de la misma constituyen su principal fuente de riqueza y contribuyen, a evitar la despoblación del medio rural.