La Audiencia Provincial de León el 2 de diciembre celebra un juicio contra una mujer acusada de cometer un delito continuado de fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social y, alternativamente, de otro continuado de estafa en su modalidad agravada.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, la mujer obtuvo un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la Administración Pública durante varios años por la pensión de su tío jubilado que falleció en 1993.
En total, la mujer recibió 132.644 euros correspondientes a los periodos de enero de 1997 a octubre de 2016. Sin embargo, la entidad bancaria, a través del procedimiento de retrocesión automático, ha devuelto lo abonado desde noviembre de 2012 hasta finales de septiembre de 2016 por importe de 33.613 euros, siendo por ello la cantidad final adeudada de 99.031 euros, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 1997 y octubre de 2012.
Además, la Fiscalía entiende que la entidad incumplió plenamente su obligación de realizar al menos una vez al año un control de pervivencia del titular de la pensión, cuyo incumplimiento conlleva la responsabilidad civil subsidiaria ante el INSS derivada de su negligencia por las cuantías indebidamente abonadas.
El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social. Por ello, reclama seis años de cárcel
Los hechos narrados se considera que son por el que se estima que se debe imponer a la mujer la pena de seis años de prisión y una multa de 99.031 euros así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de ocho años. Del mismo modo, y por el delito continuado de estafa en su modalidad agravada, la Fiscalía solicita la pena de 5 años y ocho meses de prisión así como la pena de 12 meses a razón de 15 euros diarios.
