Mientras países de todo el mundo prohíben las bolsas de plástico de un solo uso (Francia, Italia, Irlanda, Kenia, Marruecos…), España pospone sine die la aprobación del Real Decreto que regula esta cuestión. O sea, que seguiremos disfrutando de barra libre para usar y tirar bolsas de plástico de un solo uso. Nuestro entorno y nuestros océanos seguirán sufriendo las consecuencias de esta desidia política.
Es curioso comprobar cómo algunos reales decretos y leyes no logran ser aprobados rápidamente, mientras que otros se aprueban incluso en pleno periodo navideño. Un ejemplo de ello, es la orden ministerial del pasado 22 de diciembre (ETU/1283/2017), donde el Gobierno destinaba por segundo año consecutivo 6,3 millones de euros al almacén de gas de Doñana gestionado por Gas Natural.
La obligación de cobrar las bolsas de plástico en el comercio no es algo que nuestro Gobierno haya ideado para luchar contra la invasión plástica que nos acecha. Sino que es en cumplimiento de la normativa europea que nos obliga a ello, y estaba inicialmente prevista para el 1 de marzo. Tendremos que preguntar al ejecutivo si hay realmente algún motivo justificado y de interés general para no cobrar las bolsas ya, como por otra parte ya hacen la mayoría de las supermercados desde 2011.
Una media de 180 bolsas por habitante y año se usan y tiran en España (8.476 millones de cada año). Estas bolsas tardan más de cinco décadas en degradarse y apenas se reciclan el 10% de las mismas. El objetivo europeo es que se reduzcan a 90 bolsas por persona al año antes del 31 de diciembre de 2019 y a 40 en 2025. Evidentemente con estos retrasos, justificados o no, en la aprobación de la norma, cada vez estamos más lejos de alcanzar estos objetivos.
