CSIF alerta de que en León se sigue destruyendo empleo en servicios públicos prioritarios

Tras conocerse el último número del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente a julio de 2017, el presidente de la Unión Provincial de CSIF León, Hipólito B. Riesco, denuncia que, a pesar de la supuesta recuperación económica de nuestro país, continúa la destrucción de empleo en la mayor parte de los sectores de las administraciones públicas en la provincia de León.

La provincia de León tenía en Julio de 2017 un total de 29.132 empleados públicos (sólo 10 más que en enero de ese mismo año, y computando a los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en nuestra provincia). Dicha cifra revela una situación estancada a nivel general, que perpetúa una pérdida del 12,05% del empleo público en León desde enero de 2009, con un total de 3.752 puesto perdidos desde el inicio de la crisis y 1.154 puestos de trabajo perdidos entre Julio de 2016 y Julio de 2017. En este momento, la pérdida afecta fundamentalmente a la Administración Pública Estatal, al Sector de Educación dentro de la Junta de Castilla y León y a la propia Universidad leonesa, dándose una pequeña recuperación en la Administración Local –sin duda debido al aumento estacional de los contratos temporales subvencionados por otras administraciones- y otra casi insignificante en el Sector de Administración General de la Junta de Castilla y León y en el SACyL.

Así lo denuncia el presidente provincial de CSIF León, Hipólito B. Riesco, que lamenta el abandono al que siguen sometidos los servicios públicos de la provincia leonesa por parte fundamentalmente de la Administración Estatal y de la Regional. En la Administración Pública Estatal, se han perdido en León 547 puestos sólo en el período comprendido entre Julio de 2016 y Julio de 2017, y 1.418 desde 2010. Dicha pérdida afecta prácticamente por igual a los funcionarios de la Administración General del Estado (405 puestos,) a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (460 puestos) y a las Entidades Empresariales y Organismos Públicos (579 puestos). Difícil de entender este comportamiento del Gobierno Central, que es la única Administración que ha sometido a todos los servicios públicos que presta –en ocasiones de importancia poco desdeñable- a una destrucción progresiva y sin freno que, lejos de parar, parece acentuar su declive. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, el centro Penitenciario de Villahierro, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las oficinas del INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social, el personal civil de Defensa, Correos y Telégrafos, la CIUDEN de Ponferrada, Justicia e incluso las Fuerzas Armadas, en todos los ámbitos se pierde empleo público.

En cuanto a los empleados de la Junta de Castilla y León, se recupera ligeramente en el último semestre la Administración General (47 puestos más) y la Sanidad (13 puestos más), pero se sigue perdiendo empleo entre los trabajadores de la Educación Pública no Universitaria, donde la cifra de 5.398 empleados públicos (entre profesores, auxiliares y administrativos) es la peor cifra registrada en muchos años en la provincia: junto con la Administración Pública Estatal, la Educación es el otro sector que no ha conocido un sólo alivio desde el comienzo de la crisis. Incluso ahora la Universidad pierde 123 empleados con respecto a las cifras anteriores.

Esta falta de personal, denuncia Hipólito B. Riesco, trae consigo un empeoramiento considerable de las condiciones laborales de los empleados públicos, con sobrecargas de trabajo y dificultades para disfrutar de vacaciones y permisos, pero ante todo conlleva una disminución de los servicios públicos que los ciudadanos reciben a cambio de sus impuestos. Particularmente cuesta trabajo entender que los responsables políticos intenten convencernos de su apuesta por la mejora de la educación (principal objetivo decían de la LOMCE), y sin embargo no cese la destrucción de empleo en el sector: sobre la mesa de las Organizaciones Sindicales está en estos momentos una propuesta de la Consejería que, de llevarse a cabo, supondría la supresión efectiva para el curso 2018-2019 de 45 puestos de trabajo en los centros públicos escolares de nuestra provincia, mientras se niega constantemente la disminución de ratios, la disminución de la carga lectiva del profesorado, la elección de materias por parte de los alumnos… y se sigue retrasando la cobertura de las bajas del profesorado 10 días en muchos casos.

A la espera de que se convoquen y se lleven a cabo las ofertas públicas de empleo público resultantes del Acuerdo firmado el 29 de Marzo por CSIF como sindicato más representativo en la Función Pública, otros sindicatos y el Ministerio de Hacienda, para dar estabilidad a casi 4.000 interinos de nuestra provincia, “CSIF seguirá exigiendo la eliminación de la tasa de reposición, la recuperación del empleo perdido durante estos años, la recuperación de la jornada laboral de 35 horas y la mejora de las retribuciones, para que los empleados públicos recuperen los derechos de los que se les privó al verse convertidos en paganos de la crisis y los leoneses recibamos los servicios públicos que nos merecemos”, remata Riesco, que finaliza anunciando la presencia de CSIF León en la manifestación por la Sanidad Pública de Castilla y León (Valladolid, día 20 de enero), así como la convocatoria de una concentración delante de la Subdelegación del Gobierno como inicio de las movilizaciones en defensa de las condiciones laborales de los empleados de la Administración General del Estado y su equiparación retributiva con sus homólogos de las comunidades autónomas (día 31 de enero).