La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido investigar de oficio si hubo un posible delito contra los derechos de los consumidores y, en su caso, «ejercitar las acciones judiciales oportunas» por las retenciones que se produjeron en la AP-6 entre los días 6 y 7 de enero, y que afectaron a más de 3.000 vehículos.
Así lo ha decidido el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, que amparándose en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha ordenado la incoación de diligencias preprocesales para depurar las posibles responsabilidades civiles.
Esta orden de incoar las diligencias preprocesales se hace «en defensa de los intereses de los Consumidores y Usuarios para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución Española».
En su escrito, remitido por la Fiscalía a través de un comunicado, el Ministerio Público recuerda que el corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que las personas que viajaban a bordo de los vehículos estuvieran «muchas» horas atrapados en la nieve.
Además, se remite a una sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos donde se condenó a la concesionaria de la autopista AP-1 por falta de previsión, suficiente vigilancia y falta de coordinación y tuvo que indemnizar con 150 euros a todos los afectados.
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