La cibercriminalidad en León aumentó un 17,6% respecto al 2019. Desde que el Ministerio del Interior empezó a dar a conocer estos datos en 2011 el incremento ha sido exponencial, desde los 151 casos de entonces a los 2.485 de ahora.
Aumento de la cibercriminalidad en León
Pero la cibercriminalidad en León no es el único problema ya que la de la Comunidad de Castilla y León figura en 2020 en los primeros puestos de la tabla en lo que a delitos informáticos se refiere a nivel estatal, lo que contrasta con la baja incidencia de criminalidad del resto de los delitos en la autonomía. Respecto a la provincia de León desde el año 2011 los delitos más frecuentes en la provincia de León son los de fraude informático (con el grueso de los datos) y amenazas o coacciones, seguidos de lejos por los delitos contra el honor y los de falsificación informática.
El delegado del gobierno ha expresado su preocupación por la vinculación de estos ciberdelitos con la violencia machista, la delincuencia itinerante y los delitos de odio. La pandemia de coronavirus ha incidido en que los delitos han cambiado su lugar de comisión, y han pasado también a realizarse de manera telemática.
La violencia de género, la delincuencia itinerante y los delitos de odio fueron algunas de las preocupaciones expresadas también por el delegado del Gobierno y los subdelegados en una cita en la que los representantes institucionales transmitieron a Rafael Pérez su agradecimiento por el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la pandemia y destacaron la importancia de su labor para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las restricciones en la comunidad autónoma con el territorio más extenso del país.
El perfil de los delincuentes
El Ministerio del Interior señala que son los de delitos de contenido sexual, el fraude y las falsificación informáticas los asuntos más repetidos por los criminales, de hecho no son delitos únicos, ya que los criminales a menudo son hombres (73,3%), de edades entre los 26 y los 40 años, nacionalidad española, y con cierta frecuencia presuntos implicados en la comisión de varios delitos como fraudes informáticos, amenazas y coacciones y/o delitos sexuales.
El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) ha informado del incremento en un 5,6% en este último año de los incidentes (861) en infraestructuras críticas españolas. Estos ataques tiene especial relevancia por comprometer sectores clave en nuestros país como el sector tributario y financiero con el 52,5%, el transporte con un 24,08% y la energía que alcanza el 14,05%.
Todavía no hay datos que atestigüen la relevancia del del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad creado en febrero de este mismo año que pretende combatir este tipo de delitos desde varios frentes: la detección, la prevención, protección, respuesta, persecución y la atención a las víctimas.