Juana Rivas ha presentado una nueva denuncia contra su expareja y padre de sus hijos, Francesco Arcuri, por malos tratos físicos y psicológicos a los niños, y ha pedido la adopción de medidas cautelares urgentes, según ha informado en un comunicado remitido por su entorno.
La última de estas denuncias fue presentada el lunes pasado antes de volver de Italia para recoger personalmente en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada la sentencia que la condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores por permanecer en paradero desconocido con ellos en verano de 2017.
«El padre ya se dirige al niño mayor con ‘yo te mato’, ‘te quito de en medio’. La situación es más que preocupante. No hay respuesta alguna por la justicia italiana», señala el comunicado, que recoge que Juana Rivas tiene que «volver lo antes posible a Italia» y que hay que relanzar de nuevo su campaña de ayuda económica.
También informa de que el pasado septiembre y ante la que se considera «inactividad absoluta» de los juzgados italianos, los abogados de esta vecina de Maracena (Granada) han iniciado el proceso para reclamar la competencia del Estado español sobre la violencia de género «padecida».
El denominado «Fórum de Política Feminista» y la asociación de Mujeres Juristas Themis han denunciado además la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada ante la ONU, indica el mismo comunicado.
Rivas, que recogió el pasado martes en persona la notificación de la sentencia que la condena a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido con ellos durante casi un mes en verano de 2017, insistió en pedir justicia para que sus hijos no vean que la «apalean» y la castigan.
El fallo la obliga también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar con 30.000 euros a su expareja, condenado en 2009 por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.
Por su parte, su expareja y padre de sus hijos, Francesco Arcuri, dijo a través de un comunicado de su equipo jurídico que el «único interés» que lo mueve y moverá es el «superior beneficio» de los menores para que sigan con la «estabilidad y tranquilidad» que tienen ahora en Carloforte (Italia), y cree que las acciones de la madre son la «muestra papable» de lo opuesto.
