La organización de Greenpeace denuncia a la Junta por la actuación ante el incendio sucedido en la Sierra de la Culebra.
El incendio de la Sierra de la Culebra tuvo lugar en esta zona de Zamora declarada Reserva de la Biosfera. Afectó a una gran parte de terreno, llegando a calcinar entorno a 30.000 hectáreas durante cinco días en el mes de junio.
Según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, realizado en 2021, la mitad de los incendios que se producen a nivel nacional tienen lugar en Zamora y León. Un dato que teniendo en cuenta el plan actual en Castilla y León, según indica Greenpeace «no tiene en cuenta las actuales circunstancias de cambio climático, que aconsejan aumentar drásticamente el periodo de riesgo alto de incendios, con la consiguiente dotación de medios, así como una actividad de prevención de incendios en los montes que se lleve a cabo durante todo el año», ya que, el Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales en Castilla y León es de 1999.
Greenpeace denuncia a la Junta ante la fiscalía
Greenpeace denuncia a la Junta de Castilla y León y exige que se depuren responsabilidades y se investiguen los hechos hasta el final porque, aunque al parecer el incendio fue originado por una tormenta eléctrica, señalan que poco antes del incendio con una ola de calor «la Consejería declaró que el riesgo de incendio era medio o bajo». Estas declaraciones se realizaron a pesar de que AEMET llevaba días avisando del riego de incendio.
La propia organización expuso por medio de un comunicado que «los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han admitido que los turnos no estaban a pleno rendimiento, pero que enviaron recursos extraordinarios. Sin embargo, colectivos del operativo de extinción han denunciado que la falta de medios no fue algo puntual, sino que se produjo durante varios días y cuando el fuego avanzaba a 50 hectáreas por hora, una velocidad que era asumible por los equipos de extinción y que podría haber contenido el avance de las llamas».
Y añaden, “hemos pedido a la Fiscalía que investigue a los responsables de no haber adoptado las medidas y los planes necesarios para evitar un riesgo que llevaba semanas alertándose y del que existen precedentes como para haber actuado de modo responsable.»
Continúan con la siguiente declaración, indicando que «el incendio ha calcinado una vastísima extensión de formaciones de bosque, matorral, pastos y cultivos, ha dañado propiedades, explotaciones agropecuarias, ha causado estragos en la flora y en la fauna de la zona y ha puesto en peligro la vida de miles de habitantes de los municipios aledaños. Si los responsables hubieran aprobado un plan de prevención de incendios adecuado, así como con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, el fuego se habría podido extinguir a tiempo».
Alegan que se agravó por la inacción de la Junta de Castilla y León, por lo que Greenpeace denuncia a la Junta para esclarecer la responsabilidad del incendio más grande, que finalmente fue apagado por la propia lluvia, tras la intervención de la UME, agentes y la iniciativa ciudadana.