Becas de 550 euros al mes a 245 opositores a jueces y fiscales

El BOE publicó las bases de las becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado

El BOE ha publicado las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y en el cuerpo de abogados del Estado.

El inicio de esta línea de subvenciones en forma de becas, destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes a estas oposiciones, cumple con el objetivo expreso de la ministra de Justicia, Pilar Llop, de «democratizar el acceso a estas carreras». Así, la concesión vendrá determinada, en gran medida, por el nivel de renta de los solicitantes, para atraer talento a las profesiones jurídicas, eliminando barreras socio-económicas que limiten el acceso a estas carreras y cuerpos. También se tendrá en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo o la superación de exámenes propios del proceso selectivo. Igualmente, se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El número de becas que está previsto convocar antes del verano asciende a un total de 245, con una dotación global de 1,6 millones de euros. De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con un total de 6.611 euros anuales.

Estas becas, que se convocarán con periodicidad anual, con la posibilidad de ser renovadas hasta en otras tres ocasiones, consistirán en ayudas económicas directas a los beneficiarios, para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición. Será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.

Los beneficiarios de estas ayudas se obligan a realizar la actividad específica para la que se convocan y justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como de la finalidad contemplada. Para ello, deben someterse a cualquier actuación de comprobación, comunicar la posible obtención de otras subvenciones o ayudas similares y acreditar que se hallan al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En la actualidad, un opositor a juez o fiscal estudia entre ocho y diez horas diarias durante una media de cinco años, lo que imposibilita en muchos casos compatibilizar el estudio con un trabajo. A ello, muchos suman el pago -que puede alcanzar una media de 150 euros mensuales- al preparador de la oposición, sin contar el coste de libros y otro material. Esto provoca que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 99% de los aspirantes necesiten el apoyo económico de su familia, algo que no todos pueden tener. En el caso de la carrera fiscal, más del 80% de los alumnos se había dedicado en exclusiva al estudio de la oposición durante cuatro años, según otra encuesta del Centro de Estudios Jurídicos.

La Ministra de Justicia en declaraciones al diario 20minutos dijo “Sabemos que hay muchas personas jóvenes que querrían acceder a alguna carrera relacionada con la judicatura, pero no pueden porque no tienen recursos económicos suficientes”, también definió como “inviable” compatibilizar un trabajo y el estudio para dichas oposiciones. “Es alcanzar una igualdad de oportunidades en la que puedas elegir el piso al que te lleve tu vocación en el ascensor social”, aseguró.

La propia Llop será la encargada de presentar este lunes las becas, cuyas bases fueron aprobadas a comienzos de este mes. El valor principal por el que se concederán las becas será el nivel de renta de los solicitantes, a quienes se les exigirá tener la titulación en Derecho y ser preparados por personas «que pertenezcan a la carrera a la que se aspira a acceder» o bien «de un centro de preparación». Además, se creará una comisión de evaluación en la que participará una persona designada por la Fiscalía General del Estado.

El pago de la beca será único y anticipado para, según argumentan fuentes de Justicia, «garantizar que todas las personas beneficiarias puedan preparar la oposición en igualdad de condiciones al resto». Y es que, según explican desde la cartera de Llop, hay gastos fijos (como el preparador), pero también variables (como la compra del temario). 

La cuantía total de cada beca llegará hasta los 6.611 euros al año, que servirán para sufragar «necesidades vitales» y gastos asociados a la preparación de las oposiciones, como son la adquisición de materiales de estudio o desplazamiento para las pruebas de acceso. Estas becas, que se convocarán con periodicidad anual, cuentan con la posibilidad de ser renovadas hasta en tres ocasiones. 

La subvención deberá ser justificada de forma trimestral con la documentación acreditativa, en la que los becados podrán incluir memorias de actuación que recojan las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Además, deberán presentarse de forma obligatoria a las pruebas cuando hayan superado «un tiempo mínimo de preparación» que el Ministerio aún no concreta.

La subvención también tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género o terrorismo, así como la superación de exámenes propios del proceso selectivo, según explica el ministerio. Asimismo, habrá un 5% de reserva del cupo para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Justicia todavía no tiene un dato definitivo sobre las solicitudes presentadas, pero sí cifran el número de becados. En el primer año, ascenderá a un total de 245, con una dotación global de 1,6 millones de euros que irán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. De esa cantidad de beneficiarios, 173 serán para la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado.

Justicia no descarta ampliar las becas a otros cuerpos

Con todo, el Ministerio de Justicia no descarta ampliar este sistema de becas a otros cuerpos de funcionarios del ámbito. Sin embargo, desde el departamento explican que en esta ocasión se ha decidido «apoyar la preparación a los cuerpos que tienen unas pruebas selectivas de acceso más difíciles, con temarios más amplios y plazos de preparación superiores». «Las características de estos procesos selectivos inciden directamente en las posibilidades de muchas personas de plantearse participar en ellos», añaden.

Desde el Ejecutivo aseguran que el modelo actual «permite» seleccionar a personas sobradamente preparadas, pero que los que quieran acceder lo merezcan «no significa que no se deba reflexionar sobre la existencia de barreras socioeconómicas». Asimismo, señalan que el Gobierno está llevando a cabo un proceso de «reflexión» en lo referido al modelo de acceso a la carrera para ser funcionario público, introduciendo «ajustes» que permitan que el sistema «se adapte mejor a las necesidades, presentes y futuras, de la Administración».