La Guardia Civil quiere que los agentes sean muy explícitos en las actas de las denuncias que se interpongan durante el estado de alarma. Por ese motivo, el Instituto Armado ha dejado claro que lo «trascendental» ahora mismo es reflejar todos los detalles de la infracción. Esta exigencia tiene como objetivo de facilitar su posterior tramitación en las diferentes Delegaciones del Gobierno.
El Instituto Armado se hace eco en un documento interno de las directrices acordadas por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Este unificó las actuaciones de policías y guardias civil en multas por desobediencia. Todo ello para evitar que muchas de ellas acabaran siendo anuladas tras las advertencias de la Abogacía General del Estado.
La libertad de circulación la medida con más multas
De esta forma, el cuerpo policial hace suyas las recomendaciones del ministro a las comunidades autónomas, que son las que tramitan las denuncias. Por lo que, finalmente, descarta apoyarse en la Ley General de Salud Pública o la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para castigar las infracciones en el estado de alarma.
La Guardia Civil explica que uno de los incumplimientos más frecuentes que se vienen produciendo tras más de cinco semanas de confinamiento es el relativo a la libertad de circulación. Tal y como defiende ahora Interior, dice que debe considerarse como una desobediencia a las órdenes dictadas por el Gobierno. Aunque el denunciado no muestre oposición física e incluso sin necesidad de requerimiento previo. Debido a que se entiende un quebrantamiento del propio Real Decreto 463/2020, aprobado por el Gobierno como máxima autoridad.
Reflejar en las multas el comportamiento de la persona denunciada
No obstante, el Instituto Armado hace hincapié en que:
«No importa tanto qué precepto legal es la base de la denuncia sino reflejar en la correspondiente acta la conducta y comportamiento de la persona denunciada».
Es decir, plasmar una relación de hechos completa prestando especial atención a la actitud del denunciado. El mandato de unificar criterios, que llega cuando Interior suma 667.437 propuestas de sanción desde el inicio de la crisis.
Pero, ahora, pide a los agentes de la Guardia Civil que plasmen por escrito si la persona sancionada reacciona a las órdenes con «menosprecio, jactancia o mala educación» e incluso si llega a insultarles.
Se trata de hechos que serían constitutivos de infracción grave, tal y como contempla el apartado 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana que el propio PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional un año después de su aprobación en solitario por el PP.
