La ‘Ley del Ciclista’ afecta a conductores y usuarios de bicicleta
El pasado 7 de septiembre, el pleno del Senado aprobó la Ley Orgánica de modificación del Código Penal que afecta a las imprudencias en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor
La nueva normativa aprobada es una Ley Orgánica de modificación del Código Penal, aprobada hace escasos días en el Senado, que afecta a las imprudencias en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y que corrige la despenalización que se encontraba vigente desde 2015.
Esta normativa entrará en vigor cuando sea publicada en el BOE y servirá para ampliar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico a través de volver a penalizar las imprudencias, materia importante tras las cifras de este verano.
Se trata de una normativa que protege jurídicamente a los usuarios de la bici ante las imprudencias. En concreto, «impide el archivo masivo de las causas penales tras un atropello a un ciclista o a un peatón».
«El Senado ha aprobado esta norma que hará obligatoria la elaboración de un atestado y su remisión de oficio a la autoridad judicial.
Además, elimina la posibilidad de que el juez pueda apreciar inexistencia de delito y archivar las diligencias sin una mínima instrucción.
Por tanto, atención a partir de ahora, si el juez determina que hubo una imprudencia al volante y como consecuencia de ello se produjo una muerte o lesión relevante, deberá ser calificada como mínimo de infracción menos grave y debe ser resuelta en vía penal».
La gran novedad de la nueva Ley ciclista es que modifica el concepto de imprudencia grave, que ahora podrá ser perseguible de oficio y, por tanto, podrán ser los jueces los que inicien el procedimiento, si consideran que hay imprudencia grave, sin tener que ser solicitado por la víctima.
Del mismo modo, los fiscales también estarán facultados para impulsar este tipo de procedimientos penales. Además, la nueva normativa elimina que el juez pueda subjetivamente apreciar la inexistencia de delito y archivar las diligencias sin una mínima instrucción.
Así pretenden evitar que víctimas de accidentes de tráfico, como los atropellos, los ciclistas se encontraban desprotegidos cuando, pese a existir “indicios de imprudencia graves”, la causa se archiva porque los tribunales los consideran «leves» y, por tanto, carentes de responsabilidad penal, aplicando los resquicios que deja la ley en su interpretación.
