Fiscalía de Valladolid y la acusación particular, ejercida por la Fundación Secretariado Gitano, han mantenido este miércoles sus peticiones de uno y dos años de inhabilitación, respectivamente, para un hostelero y su camarera bajo la acusación de haber negado la entrada en su local en 2017 a clientes de etnia gitana.
El titular del bar en cuestión sito en el barrio de Huerta del Rey, J.S, y su hermana y camarera del establecimiento, E.S, están acusados de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 512 del Código Penal), de ahí la solicitud de inhabilitación que formulan ambas acusaciones para el ejercicio relacionado con la profesión de hostelería u otro oficio vinculado con el ámbito educativo, deportivo o de ocio.
Los hechos, objeto de un juicio que ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 1 de Valladolid, se remontan al 22 de enero de 2017, cuando sobre las 16.30 horas de dicha fecha, un domingo en el que se disputaba un Madrid-Barcelona, las supuestas víctimas, un adulto de unos 30 años y sus dos sobrinos, adolescentes, los tres de etnia gitana, entraron en el establecimiento de los acusados.
Se acercaron a la barra y el mayor de edad pidió un café a la camarera y ésta le respondió, presuntamente, que no podía por orden de su jefe ya que no permitía entrar a gitanos por miedo a que el negocio perdiera clientela. El denunciante apuntó entonces que ya había otros dos gitanos en el local y la camarera, siempre según la versión del primero, pidió entonces a los recién llegados y a los que ya estaban que se marcharan del bar, con lo que los afectados decidieron finalmente llamar a la Policía Municipal para denunciar la situación.
Esa es la versión que ha sido ratificada en el juicio por los dos clientes gitanos que ya se encontraban en el bar y fueron invitados a marcharse y el adulto llegado con los dos menores, así como la entonces técnico de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano y hoy la hoy concejal de Convivencia y Mediación Comunitaria en el Ayuntamiento de Valladolid, Carmen Jiménez.
La hoy edil fue la que al día siguiente de los hechos acompañó a los afectados a interponer la reclamación correspondiente en el propio bar y luego ante la Policía Municipal y la Policía Nacional. Sin embargo, tanto el hostelero, que el día de los hechos no estaba en el lugar de los hechos, como la camarera han negado las acusaciones y han coincidido al señalar que el incidente se produjo cuando entraron los dos adolescentes, sin estar acompañados de adulto alguno, y por eso fueron invitados a abandonar el local, al igual que los dos clientes de la misma etnia que comenzaron entonces a causar alboroto.
Así, frente a la petición absolutoria de la defensa, las acusaciones han mantenido su petición de condena. La representante de la acusación particular, la letrada Judith Sobrino, en declaraciones a Europa Press, considera probado que el día de los hechos ambos acusados «vulneraron el derecho de igualdad de estas personas y se atentó contra su dignidad, de ahí que merezcan una sentencia justa». La acusadora recuerda que «cuando no te dejan entrar en un local por su propia identidad, tu etnia, tu familia…se están vulnerando derechos fundamentales».
