Izquierda Unida reclama que el aborto se incluya en la Seguridad Social en Castilla y León. Señalan que la Ley orgánica 2/20010 de 3 de marzo sobre la salud sexual y reproductiva estipula que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una prestación de la Sanidad Pública en nuestro país.
Izquierda Unida recuerda que la Junta debe garantizar el aborto en la Sanidad Pública
Izquierda Unida denuncia la externalización del servicio derivando a la mayoría de las mujeres a clínicas privadas y el uso de la objeción de conciencia como excusa para no prestar este servicio público. Además, denuncia el traslado de las mujeres a otras provincias de la comunidad, incluso a la Comunidad de Madrid.
La objeción de conciencia institucional es ilegal
La formación política también recuerda que la objeción de conciencia debe ser individual y debe manifestarse con antelación y por escrito. Pero en ningún momento, la objeción de conciencia puede ser institucional. Afirman que se debería dejarse más claro en la ley para que la decisión no quede en las manos de los directores de hospitales.
Izquierda Unida reclama que el aborto es un derecho adquirido de las mujeres hace 35 años y que tiene que garantizarse su seguridad y gratuidad. La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene las competencias transferidas y, por tanto, es la que debe garantizar ese derecho en nuestra comunidad.
También denuncia la falta de formación sobre la IVE y los prejuicios morales que rodean a esta situación todavía. Dicen que se debería incluir en el programa de la titulación universitaria para garantizar el relevo generacional y erradicar la estigmatización del aborto.
Casi 3.000 mujeres abortaron en Castilla y León en 2019
Se estima que en 2019, 2.674 mujeres decidieron interrumpir su embarazo en Castilla y León. Estas cifras chocan con el interés de la Junta en atajar este problema. De las 2.237 mujeres que abortaron sin estar ingresadas, solo una de ellas lo hizo en un centro público. En cuanto a los abortos realizados en hospitales, únicamente 56 fueron en centros públicos frente a los 381 realizados en centros privados.
Franco Dávila
