Así lo ha afirmado la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, tras una reunión con los presidentes de las cuatro confederaciones hidrográficas con presencia en la Comunidad –Ebro, Duero, Tajo y Miño-Sil– para trasladar las necesidades de Castilla y León y sus aportaciones de cara al próximo Pacto Nacional del Agua, algo que considera necesario y una apuesta política «muy valiente».
En este contexto, la consejera ha señalado que es necesario que España sea sostenible en términos agroalimentarios y medioambientales, algo que debe ser compatible con el desarrollo rural, la agricultura y la agroalimentación, todo ello en línea con el trabajo que se desarrolla para luchar contra la dspoblación.
Así, se ha llevado a cabo un análisis de la situación del regadío y la capacidad de regulación (actualmente cifrada en 3.800 hectómetros cúbicos) que hay en Castilla y León, que concluye la necesidad de 350 hectómetros cúbicos más para atender las 660.000 hectáreas de regadío con las que se espera contar en 2027.
Además, considera que sería necesario llegar a los 800 hectómetros para atender las necesidades de recarga de los acuíferos y abastecimiento de agua, para lo que ya se trabaja con el impulso de la constitución de comunidades de regantes, para lo que la Junta también reclama un procedimiento ágil y rápido.
Milagros Marcos ha recordado que la capacidad de riego, teniendo en cuenta la modernización que se lleva a cabo en el marco de planificación hasta 2020-2021, se prevé de 550.000 hectáreas.
Ahora se actúa en modernizar 40.000 hectáreas, 27.000 de las cuales ya se han ejecutado y el resto están comprometidas para este año, por lo que se alcanzarían las 450.000 y las 100.000 restantes serían objeto de fases posteriores. La consejera ha destacado el esfuerzo de 240 millones de euros para modernizar las 40.000 hectáreas, a las que se suman las aportaciones de los regantes.
MÁS REGADÍO
Sin embargo, hasta 2027, la Junta prevé que se pueden alcanzar las 660.000 hectáreas de regadío, es decir, actuar sobre 90.000 hectáreas más, para lo que es necesario tener agua suficiente.
En esta línea, Milagros Marcos ha incidido en que la situación de Castilla y León, fundamentalmente en la cuenca del Duero, tiene un importante diferencial frente a otras en el resto del país, ya que únicamente se puede usar el 26 por ciento de las aportaciones del agua para el regadío, dada la circunstancia de que, por la ubicación de la mitad de los recursos regulados, es imposible su aprovechamiento más allá del hidroelétrico. El dato contrasta con lo que ocurre en otras cuencas como el 221 por ciento en el caso del Guadiana, el 184 en el Segura o el 85 por ciento en el Guadalquivir.
Ante esta situación, la Junta considera que hay necesidad de más embalses y captación de agua, por lo que hará un estudio «serio y riguroso» para ver dónde hay posibilidad de aumentar la capacidad «real» de regulación en lugares donde haya un mayor aprovechamiento y menor impacto ambiental, para lo que habrá coordinación con las confederaciones.
Para ello, se partirá de un estudio que se realizó en 1998 en la que había hasta 20 zonas donde había posibilidad de hacer embalses y actualmente hay tres que ya funcionan y otra en la que se trabaja, aunque la consejera ha apuntado la necesidad de actualizar esta lista.
La consejera, además de señalar la necesidad e hacer un esfuerzo de concienciación con la población sobre los criterios de seguridad y técnicos que se utilizan para elegir y determinar estas zonas, ha incidido en que una mayor capacidad de almacenamiento permitirá soportar momentos de sequía como los actuales.
MÁS AGILIDAD
Además de estas cuestiones, Milagros Marcos ha reclamado más agilidad de cara a la modernización de los regadíos, que se hagan procedimientos «lo más ágiles posibles», dado que benefician al medio ambiente pero las evaluaciones de impacto ambiental se prolongan durante mucho tiempo.
En concreto, Marcos ha recordado que reduce los costes de riego en un 35 por icento, la contaminación difusa en un 30, pero además la optimización de equipos permite disminución del 25 por ciento en emisiones de CO2, entre otras ventajas.
Por ello, se plantea un procedimiento más abreviado que pueda impulsar la modernización y conseguir objetivos beneficiosos para el medio ambiente, pero también para la población y el desarrollo rural.
Además, se incrementa el margen económico de las explotaciones, ya que el valor agregado bruto de una hectárea modernizada es un 30 por ciento superior a la que no lo está y permite una mayor diversidad de cultivos, pero también favorece una mayor incorporación de jóvenes (6,5 veces más en zonas con alta intensidad de riego respecto a secano), se produce una mayor inversión de agricultores (240 por ciento más frente a las no moderinizadas) y mantienen la población en el medio rural, ya que la densidad de población es tres veces mayor.
La consejera también ha planteado la necesidad de que la ley que derive del Pacto Nacional del Agua abra la posibilidad a actuar a la hora de plantear nuevos regadíos y embalses en lugares donde haya un interés económico y social, con planes alternativos, aunque la evaluación de impacto ambiental no sea positiva, dado que hay razones de este tipo que justificarían la intervención, como la mencionada productividad.
Marcos ha concretado que el valor agregado de una hectárea de regadío es de 912 euros frente a los 258 de la de secano, lo que supone un valor agregado bruto de las 40.000 hectáreas sobre las que se actúa que supondría unos 260 millones de euros en 20 años.
La consejera ha agregado que la Junta no se «aparta» de contribuir a la modernización y regulación y espera que todas estas medidas que ahora se proponen puedan prosperar en consenso.
Los presidentes de las confederaciones hidrográficas han agradecido las aportaciones de la Junta de Castilla y León para avanzar en un Pacto Nacional para el que se han mantenido numerosas reuniones, ha apuntado el presidente del Organismo de cuenca del Duero, Juan Ignacio Diego, quien ha aclarado que las nuevas regulaciones se tendrán que estudiar, pero todo ello dentro de un procedimiento «muy reglado» que pasa antes por la planificación hidrológica.
Así, ha señalado que ahora es momento de plantear nuevas regulaciones, pero no la determinación de cuáles se van a llegar a cabo, algo que es «muy prematuro», dado que el trabajo que se inicia ahora es el de la planificación.