Unas 4.000 personas con discapacidad utilizaron durante el último año los itinerarios personalizados de integración sociolaboral promovidos por la Junta de Castilla y León, una herramienta que facilitó la incorporación al mercado con unos 2.000 nuevos contratos.
Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha destacado que la Administración ha sumado en el presente año nuevas ayudas para facilitar el desplazamiento de los usuarios de esos itinerarios.
Durante una visita a Salamanca para participar en las X Jornadas Científicas del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), de la Universidad de Salamanca, la responsable autonómica ha señalado que favorecer el empleo del colectivo es «una de las prioridades» de la Junta.
Y, en esta misma línea, Alicia García ha puesto de relieve que, entre otras acciones, la Administración regional ha puesto clausulas sociales en el 80 por ciento de los contratos firmados con empresas concesionarias.
Además de resaltar también otras iniciativas como la plataforma de atención sociosanitaria, en la que trabajan conjuntamente las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad, ha insistido en la importancia de apostar por la «innovación social».
A este respecto, ha resaltado que Castilla y León cuenta con unos servicios sociales «muy bien valorados» y que el «paso» actual en el que trabaja la Junta es el de «vincular» esa prestación a la innovación social. Se trata pues de «poner la innovación social al servicio de las personas», ha apostillado.
Para conseguir ese «maridaje perfecto», la Junta cuenta con «dos aliados», que son las universidades y las entidades del tercer sector, ha continuado durante un encuentro con los medios en el que también ha repasado el modelo «centrado en las personas» que la Administración autonómica defiende.
A este respecto, ha destacado el Plan Estratégico de Servicios Sociales en Castilla y León, que está «a la vanguardia», o el Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, junto a propuestas concretas como el interés por un sistema de «atención temprana», en el que unos 500 profesionales dan servicio a una media de 4.300 beneficiarios, o los 330 centros multiservicios para prestar la atención a los usuarios en las zonas donde residen.
