Instituciones Penitenciarias y la DGT ponen en marcha una nueva campaña formativa de seguridad vial en las cárceles

El secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz y el director general de la DGT, Pere Navarro, han presentado esta mañana la 7ª fase del programa para la obtención del permiso de conducir dirigido a las personas que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Fiscalía de Seguridad Vial, la Asociación Nacional de Centros Médicos-Psicotécnicos, la Confederación Nacional de Autoescuelas y el Real Automóvil Club de España y que se enmarca en la campaña de Universalización de la Educación Vial que promueve IIPP.

Pere Navarro ha destacado la importancia de retomar este programa que se dejó de realizar durante la crisis y que ahora volvemos a poner en marcha. También ha incidido en que con esta medida se evitará que personas sin el permiso de conducir conduzcan ilegalmente por carretera cuando salgan de prisión o personas que han perdido puntos de su permiso puedan recuperarlos a través de la realización de los cursos de sensibilización y reeducación que se van a impartir por primera vez en las presiones. Es bueno que sumemos fuerzas porque acciones como estas benefician a la sociedad en su conjunto.

«Porque la educación en seguridad vial no debe ser solo una mera adquisición de destrezas y conocimiento de normas», ha afirmado Ortiz, «IIPP ha querido sumarse al enorme esfuerzo del Gobierno para que la educación vial sea una prioridad» con esta campaña de múltiples objetivos. El primero es «generalizar la sensibilidad en los valores cívicos y de convivencia», pero también «reconducir posibles conductas infractoras» e incluso «promover la inserción laboral de los penados a través de la capacitación para la conducción»,.

De hecho, uno de los puntos destacados de la campaña que hoy arranca pasa por facilitar el acceso a los permisos de conducir B y A2 a todas aquellas personas ingresadas en centros penitenciarios – que encontraron obstáculos educativos o idiomáticos para su obtención cuando estaban en libertad.

La novedad de la 7ª fase se encuentra la posibilidad de que las personas privadas de libertad también puedan recuperar los puntos del carnet de conducir a través de la participación en cursos de sensibilización y reeducación vial.

1.200 encarcelados por delitos contra la Seguridad Vial

La campaña ha arrancado esta misma mañana con la formación que 57 funcionarios están recibiendo en la sede de la DGT. Estos formarán a su vez a internos auxiliares que se encargaran de colaborar con los profesionales penitenciarios para implantar los cursos en los centros dependientes de la Administración del Estado.

Las clases teóricas y prácticas serán ofrecidas por profesores de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Los internos e internas que lo soliciten tendrán que hacerse cargo del pago de matrícula y tasas, tanto para el permiso como para la recuperación de los puntos del carnet.

Hasta la fecha, 1.038 internos han mostrado su intención de participar en estos cursos en 45 centros penitenciarios de la Administración General del Estado. 726 para obtener el carnet B, 41 para el A2 y 271 para el curso de recuperación de puntos. En anteriores ediciones, 1.518 internos consiguieron aprobar el examen teórico de la licencia y 494 el práctico.

La campaña formativa se completa con los programas de tratamiento para las personas condenadas por delitos contra la Seguridad Vial que, además, podrán participar en acciones que tendrán como protagonistas a las víctimas de este tipo de delitos que ofrecerán sus testimonios en prisión.

En la actualidad, los centros penitenciarios dependientes de IIPP cuentan con 1.200 internos condenados por delitos contra la Seguridad del Tráfico, lo que representa un 2,3% de la población reclusa total. 97 de ellos lo están por imprudencias graves con resultado mortal mientras conducían un vehículo de motor. Además de las penas privativas de libertad, IIPP gestionó el año pasado 24.500 condenas alternativas a la prisión como son los Trabajos en Beneficio de la Comunidad y los programas de tratamiento obligatorios.