Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un hombre que responde a las iniciales de J.H.S., de 53 años de edad y natural de la capital Gran Canaria, a cuatro meses de prisión y le ha retirado el permiso de conducir durante un año después de ser imputado por agentes de la Policía Local por un delito contra la seguridad vial al comprobar que conducía un autobús escolar ebrio.
Los hechos se produjeron en la tarde del 16 de octubre cuando el autobús escolar que conducía J.H.S., con 20 pasajeros, todos menores de edad y dependientes por padecer alguna discapacidad física o psíquica, sufrió un accidente en la carretera general de Almatriche.
Posteriormente, los agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se personaron en el lugar tras recibir varias llamadas el 092 de padres de algunos de los menores que viajaban en el autobús y que alertaron de que el conductor estaba ebrio.
Así, una vez se personaron los agentes en la zona, encontraron que varios padres de los menores tenían retenido al conductor del autobús accidentado, incluso le habían retirado las llaves del vehículo, ya que el mismo quería abandonar el lugar tras gestionar la empresa el trasbordo de los pasajeros a otro autobús, según informó la Policía Local en nota de prensa.
Ante los hechos, los agentes recabaron información de lo ocurrido entre los testigos que indicaron que el conductor era habitual de la empresa pero que esa tarde estaba realizando una conducción irregular, que culminó con un accidente contra varios vehículos estacionados a los que generó daños, si bien no resultó herido ninguno de los pasajeros.
Además fue la cuidadora de los pasajeros quien exigió al conductor detener el vehículo, pidiendo a todos los ocupantes que se bajaran del autobús y contactando con la empresa para solicitar a otro conductor.
Finalmente, los agentes de la Unidad de Atestados practicaron in situ la prueba de alcoholemia al conductor, quien presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo influencia del alcohol, y el resultado arrojado fue de 1,14 mg/l en aire espirado, es decir, siete veces mayor a la tasa máxima legal permitida a un conductor profesional (0,15 mg/l).
Por todo ello, los agentes detuvieron a J.H.S. por un delito contra la seguridad vial, tomando declaración a testigos y citando en dependencias policiales a personal de la empresa de transporte.
La investigación policial se puso en manos de autoridad judicial, que fue quien el 19 de octubre condenó del conductor a cuatro meses de prisión y retirada del permiso de conducción durante un año, debiendo posteriormente superar un curso de concienciación sobre seguridad vial para recuperar los puntos y poder volver a conducir.