La Consejería de Justicia ha iniciado una investigación interna a un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal acusado de masturbarse en su puesto de trabajo ante testigos.
Según han indicado, tuvieron constancia de este suceso a través de un oficio de la Letrada del Juzgado de lo Social número 27; y, de manera «inmediata» la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería abrió un expediente informativo e inició las investigaciones previas a la incoación de un expediente disciplinario.
Han precisado, que «en breve» se va a iniciar la fase testifical y, de confirmarse la veracidad de la denuncia, se abrirá un expediente disciplinario, que podría dar lugar a una sanción por falta grave por «grave desconsideración con los superiores, iguales o subordinados». Las faltas graves se pueden sancionar con un máximo de 3 años de suspensión de empleo y sueldo o con un traslado forzoso.
Según ha explicado CSIF en un comunicado, estas instancias «no están coordinadas» a la hora de imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores o de aplicar protocolos de prevención de riesgos laborales.
Así, CSIF indicado que las diligencias informativas abiertas a este funcionario «han puesto de relieve esta problemática». Situación que desde el Gobierno regional también han rechazado, e, incluso, han apuntado este mismo caso como ejemplo de la coordinación entre las distintas Administraciones; ya que en este caso «la denuncia a la Comunidad le llega a través de una letrada de la Administración de Justicia, que depende del Ministerio».
Protocolos de acoso y violencia en el trabajo
El sindicado ha insistido en la necesidad de establecer protocolos de coordinación entre las tres administraciones implicadas. Ha censurado que «por esta descoordinación» la Consejería «no haya adaptado» los protocolos de acoso y violencia en el trabajo que se firmaron en la Mesa General de Empleados Públicos en 2017.
Asimismo, La Consejería de Justicia ha rechazado esta afirmación y ha recalcado que «por supuesto» que se están «aplicando a los empleados públicos de la Administración de Justicia».
