El abogado de Juana Rivas deja el juicio y la defensa del caso por discrepancias

El juicio celebrado este jueves contra Juana Rivas por la presunta sustracción hace dos años de sus dos hijos menores, a quienes trasladó de Italia a España y no devolvió al hogar familiar en Carloforte (Cerdeña, Italia), ha resultado corto y abrupto.

El abandono de la sala de juicios de Juan de Dios Ramírez Sarrión, abogado de Rivas, la ha dejado sin defensa efectiva y ha obligado al juez a aplazar el juicio. Es el último acto de un intento de aplazamiento del juicio que la defensa inició hace dos semanas y a la que el juez y Fiscalía se han opuesto reiteradamente.

Al inicio de la sesión, Ramírez ha manifestado que él no era el abogado principal y que no conocía el caso en profundidad por lo que solicitaba un aplazamiento. El juez le ha recordado los numerosos escritos suscritos por él y le ha pedido que ejerciera su defensa.

Ramírez Sarrión, a pesar de tres advertencias del juez, se ha levantado y se ha ido. Manuel Piñar, el juez, ha ordenado que se informe de lo acontecido al juzgado de guardia, a la Fiscalía y al Colegio de Abogados de Sevilla, de donde procede el letrado. Juana Rivas, que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel, tiene designados dos letrados, Ramírez y José Estanislao López, éste último de baja médica. La propia Rivas ha validado lo realizado por su letrado al insistir ante los periodistas en que ella desea ser defendida exclusivamente por López Gutiérrez.

El juez ha llegado a manifestar que él no había conocido una maniobra procesal como esa en sus más de 30 años de profesión. Ante la evidencia de que Juana Rivas se había quedado sin defensa, el juez le ha dado tres días de plazo para que elija letrado. De no hacerlo, se le asignará uno de oficio. También puede ratificar a los actuales. El nuevo juicio tendrá lugar el 18 de julio.

Por su parte, Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, ex pareja de Rivas y padre de los dos hijos menores cuya sustracción del hogar familiar se juzga, no salía de su asombro.

Rivas se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a una inhabilitación para ejercer la patria potestad de seis años. Los hechos que se juzgan se remontan a mayo de 2016. la mujer volvió entonces a Maracena (Granada) desde Italia, donde convivían ella, Arcuri y los hijos menores de ambos, ahora de 4 y 12 años de edad.