La Guardia Civil ha detenido al director del IES Sierra de Guadarrama, en Soto del Real, y a un empleado del centro acusados de un delito contra la intimidad tras haberse hallado cámaras ocultas en los baños del instituto, según ha avanzado ABC.
La investigación comenzó hace una semana cuando se tuvo conocimiento por la denuncia de una madre de un estudiante de que los sospechosos habrían colocado cámaras ocultas en, al menos, uno de los baños de edificio, el masculino, y desde él grabaron a los alumnos.
Los agentes, según este medio, acudieron al juez para pedir una orden de entrada y registro en el centro, y cuando acudieron encontraron varios dispositivos de grabación en el cuarto de baño de los chicos. Uno de ellos, por ejemplo, era un modelo de microcámara que estaba metido dentro del detector de incendios.
Tras conocer lo ocurrido, se detuvo al director, que tenía acceso a las imágenes grabadas, así como al empleado que habría colocado las cámaras. Una de las hipótesis que se manejan es que se colocaron las cámaras como medio para detectar vandalismo o gamberrismo.
Cámaras de control
El alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, ha explicado esta mañana que colocó cámaras ocultas en el baño de los chicos para detectar actos vandálicos.
El regidor ha señalado que ha tenido conocimiento de la noticia por la prensa y que se ha puesto en contacto con la Guardia Civil. «Nos ha explicado que la investigación la ha llevado Policía Judicial, que ayer se personaron en el instituto y que tanto el director como otra persona del centro estuvieron prestando declaración», ha aseverado.
«Según el propio director del instituto, ha habido una cámara enfocando a la puerta de uno de los baños con el objetivo de detectar a personas que estaban haciendo actos vandálicos, básicamente, pintadas en los baños y en algún caso se había detectado que se había fumado en el propio servicio. El objetivo era detectar a estas personas para evitar que lo hicieran«, ha relatado.
El alcalde ha explicado que a partir de la próxima semana «parece» que la Fiscalía «tomará una decisión» de si inicia «un procedimiento o no por Ley de Protección de Datos».
«La normativa está para cumplirse y hay que ser riguroso con una normativa tan delicada, pero en cuanto al fondo del asunto nada tiene que ver un objetivo como el tratar de detectar actos vandálicos con otros posibles fines que desde luego habrían sido bastante indeseables», ha concluido.