Uno de los mayores «males» de la agricultura y ganadería de la provincia de León es el minifundismo. Así lo afirma Asaja. Un problema que no mejora ni con el «proceso de concentración de la propiedad ni con la reducción del número de activos» afirma la organización agraria. «De esta manera, los agricultores leoneses son excesivamente dependientes de fincas ajenas que cultivan en régimen de arrendamiento, y además la superficie total cultivada está repartida en un elevado número de parcelas» añade.
La inseguridad que crea el ser arrendatario en vez de propietario es una situación que lleva a no mecanizar las parcelas de pequeñas dimensiones porque son menos rentables. Otra consecuencia de la excesiva parcelación en manos de infinidad de propietarios es la existencia de zonas no cultivadas como ocurre con una gran parte del alfoz de la capital leonesa.
Los datos del Catastro relativos al año 2021 apuntan a un total de 412.649 titulares catastrales de fincas rústicas en la provincia de León, para una superficie de 1.530.616 hectáreas, repartidas entre 2.350.042 parcelas, con una superficie media por parcela de 0,65 hectáreas. Medias de parcelas tan pequeñas o más que en la provincia de León solo se encuentran en las cuatro provincias gallegas y en Santa Cruz de Tenerife. Pero la estadística todavía es peor de lo que parece, porque si se excluyesen las fincas de las juntas vecinales y ayuntamientos, que ocupan una amplia superficie del territorio leonés y además son de mayores dimensiones, las fincas de particulares se quedarían en medias de superficie muy por debajo de los citados 6.500 metros cuadrados.
Asaja asegura que estos datos están empeorando cada año, ya que en las herencias las propiedades rústicas se reparten, por lo general, entre la totalidad de los herederos. Los datos lo corroboran, pues siendo la misma superficie, ya que las tierras “no crecen ni se multiplican”, en el año 2011 había 33.876 titulares catastrales menos de los que hay en el año 2021. En una década el número de propietarios de tierras creció el 8,94%.
Para evitar esta fragmentación de la propiedad se propone aumentar la denominada “unidad mínima de cultivo”, que es el tamaño a partir del cual las fincas rústicas se pueden segregar en una venta o herencia. Para ello, Asaja ha pedido al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería que revise estos valores al alza, que datan del un obsoleto decreto de la Junta de Castilla y León del año 1984.
