Esta es la primera vivienda propiedad de la Iglesia Católica que rehabilita la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para incorporarla al Parque público de alquiler social y ponerla a disposición de las familias de entornos rurales en régimen de alquiler social. Las obras han convertido la antigua casa rectoral en una vivienda preparada para que una familia pueda entrar a vivir. El acondicionamiento ha afectado a la distribución, reforma integral de baño y cocina, saneamiento, electricidad y fontanería, carpintería, etc., todo ello con un presupuesto de 55.122 euros.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el Obispo de la Diócesis de León, Julián López, firmaron en abril del año pasado un protocolo de colaboración para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la iglesia al Parque público de vivienda de la Junta de Castilla y León para ofrecerlas en régimen de alquiler social. Ambas instituciones se comprometieron a colaborar conjuntamente por un periodo inicial de cuatro años y esta vivienda es el primer resultado. El presupuesto previsto para este programa ronda los 200.000 euros lo que permitirá la rehabilitación de las cuatro viviendas cedidas por el Obispado de León.
Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado de León coinciden en el interés de utilizar esas viviendas en régimen de alquiler social para facilitar el acceso a personas que por su situación personal, social o económica no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.
Esta colaboración con la Iglesia Católica complementa el programa Rehabitare que viene desarrollando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con los ayuntamientos y que ha dado como resultado la rehabilitación y puesta a disposición de las familias de un centenar de viviendas en más de 80 municipios de Castilla y León, entre los años 2016 y 2017. La inversión global acumulada en estos dos años ha superado los cuatro millones de euros.
Suárez-Quiñones siempre ha defendido la continuidad de estas colaboraciones por su cuádruple efecto: soluciona problemas de acceso a la vivienda a las personas y familias más necesitadas; contribuye a dinamizar la economía del medio rural, dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local; embellece el patrimonio inmobiliario de los pueblos y, muy relevante, ayuda a fijar población en el medio rural, “al que hay que dar actividad económica, servicios y confortabilidad”.
Parque público de vivienda
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello la Junta de Castilla y León ha creado un Parque público de viviendas en alquiler, entendido como servicio público de interés general, que ha complementado con una ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas.
El Parque público de vivienda en alquiler de la Junta de Castilla y León dispone de 1.746 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural, y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl, que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
Además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinó el año pasado 14,7 millones de euros a la convocatoria de ayudas al alquiler con especial apoyo a las rentas más bajas, con más de 10.500 familias beneficiarias.