El PSOE desvela una nueva condena al Ayuntamiento, esta vez por un despido improcedente

Otro juzgado más condena al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. En este caso el de lo social número 2 de León por despido improcedente a un trabajador al cual se le notificó una carta de despido sin motivación alguna antes de que finalizara su contrato. Los ciudadanos han perdido ya la cuenta -cuenta que tienen que abonar con sus impuestos- de cuántos reveses judiciales se acumulan en el último mandato de Juan Martínez Majo al frente del consistorio.

El fallo se produjo hace un mes y, a pesar de los intentos por ocultarlo por parte de Martínez Majo, ya que los socialistas sin éxito pidieron por escrito hace 15 días conocer el estado de este proceso judicial, la sentencia revela que el despido no acreditaba que a fecha del mismo hubiera finalizado el trabajo para el cual había sido contratado.

Los socialistas denuncian la hipocresía del alcalde de la localidad cuando en el pleno de presupuestos alegó que estas sentencias condenatorias se debían a la normal “conflictividad laboral” que existe en todas las empresas e instituciones con un alto número de trabajadores. El hecho cierto, afirman, se debe a otro motivo totalmente distinto: las decisiones arbitrarias que en materia de personal toma el equipo de gobierno, que nunca ha aclarado si lo hace el propio alcalde (difícilmente, porque apenas se ocupa de los múltiples problemas que tiene), el teniente de alcalde, José Jiménez, o el número dos del PP coyantino, Juan Carlos Lombao, concejal responsable de personal.

Los ciudadanos y los trabajadores municipales se están empezando a cansar de este tipo de actitudes caciquiles y dañinas para el Ayuntamiento y para el interés público, que se producen porque quienes llevan 24 años gobernando confunden el Ayuntamiento con su cortijo personal, un serio problema que empieza a afectar al normal funcionamiento del consistorio.

De cara a mayo, el PSOE se compromete a gobernar de otro modo: aplicando siempre la ley y tomando decisiones justas, evitando las arbitrariedades que ocasionan serios perjuicios al Ayuntamiento e implicando a los trabajadores municipales en la toma de decisiones que les afecten para poder ofrecer así conjuntamente a los coyantinos unos mejores servicios públicos y cambiando la dinámica de la confrontación judicial por la de la cooperación en beneficio de todos.