El exalcalde de Cacabelo (León), Adolfo Canedo Cascallana , ha sido encausado por presunto delito de malversación de caudales públicos por el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 6 de Ponferrada (León).
Según la denuncia, interpuesta por una vecina de Cacabelos, y el relatado en el auto:
«Se desprende que Adolfo Canedo Cascallana, durante el tiempo en que ejercía su puesto como alcalde del Ayuntamiento, contrató los servicios de una letrada externa para llevar el ejercicio de una acción penal mediante querella contra dos vecinas de Cacabelos, conocer de la escasa o nula posibilidad de éxito por cuanto los hechos sobre lo que se formulaba la querella se fundamentaban en advertencia que éstas efectuaban en sus escritos de formular actuaciones en el orden penal contra el propio alcalde por actuaciones u omisiones de su competencia».
El auto asegura que «el alcalde sabía que los procedimientos le afectaban a él únicamente de manera personal» y que no afectaban a la actividad municipal, «hecho reconocido en el acta de 29 de septiembre de 2014».
SIN LA APROBACIÓN DEL PLENO
La contratación de la letrada no contó con la aprobación del Pleno Municipal que acordase tal gasto, sino que fue la Junta de Gobierno Local la que decidió, por unanimidad, iniciar el procedimiento penal y nombrar a dos letrados y a dos procuradores.
El punto 3 del artículo 432 del Código Penal dice que: «Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años».
El auto del juzgado también requiere al procesado Adolfo Canedo Cascallana que en un plazo de un mes preste fianza de 3.200 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponérsele.
Por otro lado, el exregidor de Cacabelos ocupará el banquillo de la Audiencia de León para responder como presunto autor de un delito de estafa procesal en grado de tentativa, por el que se expone, según la petición del fiscal, a una pena de 5 años de prisión, una multa de 18 meses con una cuota de 20 euros e inhabilitación especial durante el tiempo de cinco años.