Condenado el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan

Condenado el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan

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El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha sido condenado por una sentencia que le obliga a pagar un cuantioso dinero a una empresa a la que el anterior gobierno municipal no pagaba. La sentencia ha sido expedida por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad de León. Los servicios de esta empresa fueron utilizados por el anterior equipo de gobierno desde 2016 hasta 2019.

El Ayuntamiento no pagaba a la empresa que le prestaba los servicios de internet

La empresa en cuestión se trata de una empresa de telecomunicaciones, que prestaba los servicios de distribución de internet inalámbrico al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, es decir, prestaba la señal de wifi para el consistorio. Pero en ningún momento se llevaron a cabo contratos formales por escrito, simplemente se hacían contratos verbales. De hecho, la renovación de continuidad también se hacía verbalmente y luego no se abonaban las cantidades estipuladas.

La sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar a la empresa más de 60.000 euros por 3 años atrasados

Por eso, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León ha dictado sentencia contra el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y lo ha condenado a pagar hasta 63.633 euros a la empresa de telecomunicaciones proveedora de los servicios de internet del consistorio de 2016 a 2019. Concretamente los pagos atrasados se refieren al segundo semestre de 2016, a los ejercicios anuales de 2017 y 2018 y a varios meses del año 2019.

La empresa de telecomunicaciones puso una reclamación administrativa en 2019

La empresa «Telecomunicaciones Ocho Caños» recibirá gracias a esta sentencia los más de 60.000 euros que el anterior equipo de gobierno municipal no le pagaba por sus servicios de distribución. La empresa había denunciado al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en una reclamación administrativa allá por el año 2019, el último año en el que colaboraron con el ayuntamiento. Finalmente, y tras dos años de espera, la Justicia le da la razón a la empresa.

Franco Dávila

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