La defensa de Victorino Alonso advierte que «no hay pruebas» contra el empresario

Victorino Alonso, empresario leonés.

En este sentido, el letrado ha indicado que existe «una propaganda maliciosa» y ha incidido en que «se ha tomado declaración» a Victorino Alonso por ser Consejero Delegado de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) «sin que estuviera demostrada su participación».

En las conclusiones finales del juicio, el abogado ha señalado que el caso ‘El Feixolin’ es «una causa juzgada en 2015» y en la que «coinciden las acusaciones y los hechos» sin que haya «una sola prueba de cargo» contra los acusados.

El letrado ha reconocido que «no está probado que Alonso ordenara la extracción de carbón» de la explotación ‘El Feixolin’, al igual que tampoco se ha probado que hubiera informes ambientales que «pidieran, pararan o modificaran su actividad».

Con estas circunstancias, han concluido que a Victorino Alonso «no se le puede juzgar» y por ese motivo se ha solicitado «una sentencia absolutoria», como ha hecho la defensa de José Tascón, apoderado de Coto Minero Cantábrico (CMM).

En cuanto al exalcalde de Villablino, Guillermo Murias, su defensa ha insistido en que «ninguna administración mandó paralizar la actividad de ‘El Feixolín’ hasta 2005», aunque ha reconocido que «fue una época complicada» para el Consistorio.

Así, Murias ha pedido a la Fiscalía que «se dejen de pamplinas» a la hora de asegurar que de «qué valió que se explotara ‘El Feixolin'» para terminar cerrando todas las minas de la zona y de la provincia.

Por su parte, la Fiscalía también ha procedido a la lectura de sus conclusiones en las que han asegurado que «no existe ninguna duda» sobre la comisión de los delitos y de las responsabilidades de los acusados sobre los mismos.

Así, la acusación pública ha solicitado para Victorino Alonso y José Tascón ocho años de prisión por un delito continuado contra el medio ambiente; y, para Murias, han pedido 15 meses de cárcel por un presunto delito de prevaricación urbanística.