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Denuncian la profundización de las políticas de privatización de la sanidad pública en León

León se ha convertido en el "laboratorio más avanzado de la Comunidad de Castilla y León para implantar nuevas fórmulas de privatización de la sanidad pública" y sanear las cuentas del hospital privado San Juan de Dios que no consigue dar uso a sus camas y sus aparatos de TAC y resonancias tras su ampliación.

Hospital de León

Esta forma de “privatización encubierta” y de profundización en el desmantelamiento de la sanidad pública de Castilla y León estaba ya contemplada en la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, de 2010. Y se inicia así su implementación acelerada en nuestra provincia, que se convierte en laboratorio de las políticas de privatización y negocio del Partido Popular de nuestra región.

No se trata de que centros hospitalarios privados que se les ofrezca la posibilidad de que se integren en una red pública, y así ir ampliando la sanidad pública como un derecho garantizado para todas y todos, suprimiendo progresivamente la concepción de que de la salud se puede hacer negocio. Porque las relaciones laborales, la titularidad de las instalaciones, los servicios sanitarios y la gestión interna del hospital privado continuarán, como hasta ahora, dependiendo de la orden religiosa.

Camas sin ocupación y aparatos infrautilizados

Es decir, lo que se hace es sanear con dinero de todos y todas las cuentas de esta entidad privada por unos cuantos años (recordemos que la Junta de Castilla y León ya le dio a fondo perdido 8 millones cuando hicieron las obras de ampliación del hospital), a cambio de que “de forma excepcional y justificada”, se pueda utilizar “determinados servicios” para reducir listas de espera y operaciones.

Porque lo que se trata es de que como este hospital tiene muchísimas camas sin ocupación, así como muchos aparatos infrautilizados de TAC o resonancias, lo cual supone una pérdida de beneficios para sus cuentas, lo paguemos entre todos y todas con la excusa de reducir listas en la sanidad pública, en vez de abrir las plantas cerradas en los hospitales públicos. Derivar a los enfermos a lo privado para que no tengan pérdidas, en vez de reforzar y mejorar lo público. Esta es la fe fanática del Partido Popular: lo privado siempre por delante de lo público. El negocio y los beneficios de unos pocos, antes que el bien común y la salud sin negocio.

Esta política sanitaria del Partido Popular. La que ante la demora media en una intervención que es todavía de 65 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, y la demora media de dos meses en consultas, lo que pretende es convertir la tragedia en oportunidad de negocio y privatización.

No podemos seguir con esta política sanitaria de la Junta de Castilla y León

No podemos seguir con esta política sanitaria de la Junta de Castilla y León que desde hace años está quebrando el sistema sanitario de nuestra comunidad y que ahora busca nuevas fórmulas de deteriorarlo aún más, y convertir nuestra salud en fuente de negocio privado. El recorte de prestaciones, de material, de obras en nuevas infraestructuras y mejora de los edificios, en cierre de camas hospitalarias, en la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de diferentes grupos y personas y, muy especialmente, en recortes de personal, tanto de hospitales como de centros de salud y consultorios rurales, está generando listas de espera que +ponen en riesgo la vida de las personas o agravan el pronóstico de la enfermedad; más copagos y repagos; precariedad, sobrecarga de trabajo y descontento en el conjunto de los profesionales; pérdida en calidad de la atención sanitaria y, sobre todo, pérdida de la “calidad humana” en un entorno crispado y deshumanizado.

Izquierda Unida pide a todos los partidos políticos del arco parlamentario de la oposición en Castilla y León, a todos los sindicatos y movimientos sociales que se unan a la exigencia de parar dicho convenio y que no se profundice más aún en la privatización este próximo 1 de enero, lo cual sería una nueva tragedia en la deriva de la sanidad pública en nuestra provincia que se unirá a la nefasta gestión del actual Consejero de Sanidad que el Defensor del Paciente ha calificado deabsoluta dejación de funciones, inacción y omisión del deber de protección de la salud y de comisión por parte de Herrera y de Sáez Aguado de un delito de omisión del deber de socorro en relación a un delito de denegación de auxilio en la prestación del servicio público de salud tipificados en los artículos 195.1, 196 y 412.3 del Código Penal.