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Victorino Alonso, el empresario minero, se libra de la cárcel por insolvente

El titular de este órgano ha estimado las tres circunstancias establecidas por el artículo 80 del Código Penal para suspender el ingreso de penados en la cárcel.

Victorino Alonso, empresario leonés.

Victorino Alonso, después de haber destrozado el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, se librará de la cárcel. El empresario había sido condenado a dos años de prisión por los irreparables daños causados en este singular paraje.

El titular de este órgano ha estimado las tres circunstancias establecidas por el artículo 80 del Código Penal para suspender el ingreso de penados en la cárcel: que en el momento de cometer el delito (octubre de 2007) carecía de antecedentes penales, que la pena impuesta no excede de los dos años de prisión y que ha sido declarado insolvente y, por tanto, no puede hacer frente a la responsabilidad civil establecida, de 25.490.895 euros. Hay que subrayar que el auto es recurrible.

El auto del juez, al que ha tenido acceso este diario, recuerda que Victorino Alonso fue declarado judicialmente insolvente por decreto de 27 de septiembre de 2018 y precisa que el Código Penal exige que para suspender la condena es necesario bien que haya satisfecho las responsabilidades civiles bien que se declare precisamente la imposibilidad total o parcial de hacer frente a las mismas.

En este caso, estima además que la sociedad de Victorino Alonso, Fimbas S.A., fue condenada por la responsabilidad civil subsidiaria y va a abonar parte de la misma mediante la cesión al Gobierno de Aragón de la finca Bastarás, el antiguo coto que rodeaba la cueva destruida, en el término municipal de Casbas de Huesca.

Los terrenos están valorados en 12,6 millones de euros, cantidad que el juez califica como “una parte relevante” de la indemnización. Añade el auto que aunque el Gobierno de Aragón aún no ha recibido la propiedad, el letrado de la administración autonómica remitió al juzgado un escrito el pasado 8 de marzo en el cual certifica la voluntad de la administración de aceptar la entrega como pago parcial de la deuda.

“Hay que concluir, por tanto, que se está haciendo frente al pago de la responsabilidad civil en la medida de las posibilidades de los deudores y se ha abonado (o está en trámites de hacerlo) una parte relevante de la misma, de modo que no cabe negar acceso al beneficio de la suspensión de la pena al condenado por el hecho de no haberse pagado la responsabilidad civil en su totalidad”, determina el auto.

Estima finalmente el titular del Juzgado de lo Penal que no existe tampoco riesgo de peligrosidad que aconsejen ordenar el ingreso en prisión y “dada la naturaleza del delito” decreta la suspensión por tres años de la pena, periodo en el que Alonso podrá entrar en la cárcel para cumplir esta condena en caso de que cometa cualquier otro delito.