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Conoce todos los Ayuntamientos y personas implicadas en la trama de los semáforos

El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF.

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En el día de hoy y a instancia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona, en el marco de las Diligencias Previas nº 493/2016, ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa APLICACIONES GESPOL, S.L. (integrada actualmente en el grupo VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES) quien habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

En concreto, el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de los siguientes municipios:

ALCOBENDAS, ARROYOMOLINOS, FUENLABRADA, HUESCA,
ILLESCAS, LÉRIDA, MAJADAHONDA, MOLLET DEL VALLÉS, OVIEDO,
PARLA, PINTO, PLASENCIA, TIANA, SAN ANDRÉS DEL RABANEDO,
VÉLEZ MÁLAGA, VILLANUEVA DE LA CAÑADA, LEÓN, PALENCIA,
TERUEL, PLASENCIA, TORRELODONES, VILLAQUILAMBRE, VILLAREJO DEL ÓRBIGO Y ASTORGA.

Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la DIPUTACIÓN DE ALICANTE y en los siguientes municipios:

MATARÓ, MONTGAT, PINEDA DE MAR, PREMIÀ DE MAR, RUBÍ, ALDEA DEL
FRESNO, BRUNETE, EL ESCORIAL, GALAPAGAR, MANZANARES EL REAL, VALDEMORILLO, LA CISTÉRNIGA, EL PUIG, GANDÍA, LOGROÑO,
O’GROVE, SANT VICENT DEL RASPEIG y VITORIA.

El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF. Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.