La Junta Electoral Central (JEC) ordenó ayer jueves la retirada de los símbolos independentistas. Los Mossos tienen hasta las 15.00 horas de hoy. Además el presidente de la Generalitat, Quim Torra ha sido denunciado ante la Fiscalía, por un posible delito de desobediencia.
Ayer tarde, Torra, aseguró que seguiría las indicaciones del Síndic, lo cierto es, que en lugar de retirar los símbolos, los ha sustituido por otros.
Con el consiguiente despilfarro del dinero público, y el malgasto del tiempo de trabajo de los funcionarios, Torra vuelve a marear la perdiz.
Es La la primera vez que la Junta se dirige a una fuerza de seguridad del Estado, en este caso los Mossos, para que garantice el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El presidente se enfrenta ahora al delito de desobediencia. Este hecho se recoge en el artículo 410 del Código Penal. La sanción que lleva aparejada sería la inhabilitación para ejercer cargo público (entre seis meses y dos años) y una multa de (entre 300 y 3.500 euros). Torra podría presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Este último sería el encargado de decidir si suspende la orden de la junta electoral o mantiene la obligación de retirar los símbolos.
La supuesta «neutralidad institucional» queda rota con esta nueva exhibición. Estos son los criterios que llevaron ayer a la Junta a trasladar los hechos a la Fiscalía por si Torra ha podido cometer un delito de desobediencia.
Con ultimátum sobre la mesa: antes de las tres de la tarde se tiene que cumplir el requerimiento de retirar todos los símbolos secesionistas de los edificios públicos.
Según los Mossos estarían preparados para realizar la tarea. Buch deberá comunicar el cumplimiento de dicha orden, y se le apercibe de “las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumple estrictamente este acuerdo”.
La Junta optó por esta decisión después de constatar que Torra incumplía su palabra, al no retirar las proclamas secesionistas, pese a la recomendación del Defensor del Pueblo catalán, cuya resolución el presidente consideró el miércoles vinculante.