La vicepresidenta confía en que el coste de la subida de Argelia sea «moderado»
- El pasado mes de octubre la estatal inició la revisión de los precios
- Espera que los nuevos términos comerciales se cierren «cuanto antes»
En plena crisis energética, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado este jueves que Argelia, a través de su empresa estatal Sonatrach, tiene la intención de subir los precios del gas a España aunque ha confiado en que dicho incremento sea «moderado».
Gaseoductos con Argelia – España
El presidente del grupo público argelino Sonatrach, Touffik Hakkar, anunció el pasado viernes que su país contempla una subida de precio para el gas que vende a España, al contrario de lo que han decidido para el resto de compradores europeos de este combustible. En declaraciones a TVE, Ribera ha indicado que la intención de Sonatrach de subir los precios «viene desde octubre, porque entiende que los precios están muy por debajo del precio al que se cotizaba el gas en los mercados internacionales» aunque espera que el incremento sea «moderado».
Según ha recordado, las negociaciones entre las compañías españolas y Sonatrach «suelen llevar mucho tiempo» pero confía en que los términos comerciales en los que se fija el precio del gas se cierren «cuanto antes».
Sobre si la postura del Gobierno en relación con el Sáhara Occidental puede perjudicar el suministro de gas procedente de Argelia, la vicepresidenta tercera ha asegurado que para España es «fundamental» tener una «excelente relación» tanto con Marruecos como con Argelia y ha lamentado que entre estos dos países no exista una «relación fluida» siempre: «La relación con Argelia, que es un país fiable, que cumple con sus compromisos, nos parece que está asegurada en este extremo del suministro de gas en las necesidades y en los términos que viene comprando España desde hace mucho».
En este sentido, ha explicado que el pasado mes de octubre se inició la revisión de los precios del gas entre la empresa suministradora argelina Sonatrach y las energéticas españolas, una operación entre compañías que ha definido como «estrictamente comercial», pero «no entre gobiernos».
«Alguna de nuestras compañías gasistas denunció unilateralmente los contratos de gas que tenía con algunas empresas industriales, cosa que como Gobierno no nos gustó, pero no podíamos intervenir. A partir de ahí empezó una nueva propuesta de precios de gas», ha precisado.
