El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a la guerra, contempla una bonificación extraordinaria y temporal que se aplicará a los productos energéticos que se adquieran entre el 01/04/2022 y el 30/06/2022. Según el citado Real Decreto » La bonificación será de 0.20 euros por litro y 0.20 euros por Kilogramo para GNC y GNL y serán beneficiarios de esta bonificación las personas y entidades que adquieran los productos entre las fechas señaladas.
Según reza el Real Decreto Ley, serán colaboradores en la gestión de la bonificación quienes ostenten la titularidad de los derechos de explotación de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor, así como las empresas que realicen ventas directas a los consumidores finales de los productos objeto de la bonificación.
La colaboración consistirá en efectuar, en cada suministro que se realice, un descuento sobre el precio de venta al público, impuestos incluidos, equivalente al importe de la bonificación.
Aquí llega el problema, y es que los dueños de las gasolineras dicen, y no les falta razón, que ellos no disponen de liquidez, ni consideran que tengan por qué ser ellos quienes adelanten el dinero para hacer efectiva esa rebaja.
Si el Gobierno es quien impone la medida, debe ser quien haga el esfuerzo económico, si es que se puede llamar así… sólo tenemos que pensar en el sustancial aumento de ingresos que esta subida en el precio de los combustibles supone para el Estado; si tenemos en cuenta que los impuestos son un porcentaje del precio… hagan ustedes cuentas… no es necesario ser matemático para seguir dándose cuenta de que, aunque nos hagan el descuentazo de esos 20 céntimos, siguen ganando mucho más que antes.
Pues ante eso, el Gobierno dijo que ellos adelantarían el dinero a las gasolineras, haciendo un cálculo del dinero recaudado en el año anterior (cuando los combustibles costaban la mitad). Eso queda a redactado más o menos así:
«El colaborador (Gasolinera) podrá solicitar a la Administración competente, con anterioridad al 15 de abril de 2022, un anticipo a cuenta, por el importe máximo de la bonificación que, correspondiera al 90 % del volumen medio mensual de productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por dicho colaborador en el ejercicio 2021.
El importe del anticipo a cuenta no podrá ser superior a 2.000.000 euros ni inferior a 1.000 euros. A tal efecto, en el caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el colaborador deberá registrarse en su Sede Electrónica con anterioridad al 15 de Abril de 2022, completando el formulario electrónico que se ponga a disposición a tal efecto.
En caso de haber solicitado un anticipo, cuando se presente la solicitud correspondiente al último mes cubierto por esta bonificación, la Administración competente procederá a minorar, de la devolución mensual correspondiente, el importe del anticipo a que se refieren los apartados anteriores.»
Desde que esa medida entrara en vigor, han sido varias las pequeñas gasolineras que se han visto obligadas a cerrar definitiva o temporalmente, al no poder asumir el gasto o no compensarles económicamente.
La Junta de Castilla y León, a través de su área de Economía y Hacienda y del ICE, ha articulado una línea de financiación urgente destinada a aquellas estaciones de servicio afectadas económicamente por la bonificación de los 20 céntimos al carburante decretada el pasado 1 de abril por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La Federación Regional contactó con el Ejecutivo regional el pasado viernes tras la demanda de muchos empresarios de este sector solicitando ayuda urgente dado que todavía hoy no han recibido el anticipo regulado por el RD-Ley 6/2022.
Desde Fereclaes (Federación de Empresas de Estaciones de Servicio de Castilla y León) han comunicado su gratitud al viceconsejero de Economía y Hacienda, Carlos Martín Tobalina, y al director general del Departamento de Financiación del ICE, Pedro Paz García, por «su empatía con los problemas y dificultades planteados, teniendo en cuenta que esta solución financiera ofrece un importante alivio económico para los autónomos y empresarios de este sector en Castilla y León».
El programa, que será gestionado a través de la SGR Iberaval, está dividido en dos partes dado que existe una línea de financiación para autónomos y micropymes, que son la mayoría y principalmente en áreas rurales; y otra línea dirigida al resto de empresas con 10 o más trabajadores.
En el primer caso, los préstamos o créditos avalados podrán llegar hasta los 300.000 euros y en el segundo hasta los 700.000 euros, en unas condiciones de tipo deinterés y de bonificación de costes financieros especialmente sensibles a la situación por la que atraviesa el sector
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