Torra se arriesga a la inhabilitación si no retira los lazos tras el ultimátum de la junta electoral, hecho que ha generado una gran expectación.
La Junta Electoral Central (JEC) lanzó ayer un ultimátum al presidente catalán, Quim Torra, dándole un nuevo plazo de 24 horas para que retirar de los edificios de la Generalitat tanto lazos amarillos como «esteladas», haciéndole además la advertencia de que si no lo hace podría incurrir en responsabilidades penales. La Junta Electoral ha desestimado el recurso presentado por el Torra contra el acuerdo previo que le ordenaba retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos al no ser los mismos compatibles con el principio de neutralidad que cabe exigir a las instituciones.
Torra para ganar tiempo presentó recurso, pero la Junta ha rechazado todas alegaciones y le insta a que cumpla la orden, advirtiéndole al mismo tiempo de las consecuencias que supondría su negativa.
La Junta ha pedido además a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que informe sobre si Torra cumple o no con el requerimiento dentro del plazo previsto «al efecto de deducir, en su caso, las responsabilidades en las que se haya podido incurrir por no hacerlo»
Torra ha declarado en cuanto a las «esteladas» que representan «un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta». Por su parte la JEC le ha recordado que ya en 2015 se estableció que estas banderas «simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella».
En ningún caso estos símbolos pueden ser empleados por los poderes y autoridades públicas, que deben mantener, una «rigurosa neutralidad política», de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Torra aludía a su «deber» de respetar la «libertad de expresión de los empleados públicos», argumento rechazado por la JEC, para quien ese derecho «no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista». Recordando además la Junta que las normas aplicables a los funcionarios les obligan a respetar la Constitución y demás leyes, y que en período electoral tienen deber de «neutralidad» e «imparcialidad», siempre en busca de los intereses generales y con «un deber estricto de imparcialidad y de actuar al margen de cualquier posición ideológica que tengan». En lo que respecta a la dificultad legal alegada por Torra para quitar los símbolos de los muchos edificios que no son propiedad de la Generalitat, la JEC le señala que ello «no puede ser excusa» para ejecutar su orden porque bastaría con que comunicara estos casos.
Tras rechazar sus alegaciones, la Junta Electoral Central le ha comunicado que tiene 24 horas para retirar «esteladas» y lazos amarillos de «cualquier edificio público» de la Generalitat «apercibiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia» a los dos acuerdos adoptados al respecto. Su resolución solo puede ser recurrida ya ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.