Admiten la querella de Cifuentes contra los periodistas

El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, contra los periodistas de Eldiario.es, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique por «la ilícita obtención de documentos académicos personales, amparados por la Ley de Protección de Datos», en el marco de la información publicada sobre el máster de la dirigente.

Así lo ha anunciado este jueves la propia Cifuentes, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la pregunta parlamentaria del portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado sobre el título, para a continuación reiterar que no ha falseado su currículum, no ha cometido ilegalidad y no está imputada.

Dicha querella hace hincapié no solo en la obtención de los documentos, sino en la «utilización e interpretación interesada» de los mismos, que han servido de base para «publicar informaciones difamatorias de las que son autores los querellados».

Ésta se fundamenta en reiterada jurisprudencia, entre la que destaca la Sentencia 369/2005 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se afirma que «ni el derecho a la libertad de expresión, ni el derecho a la libertad de información, pese a su reconocida importancia para una sociedad plural y democrática, constituyen una causa de justificación de las conductas tipificadas en el artículo 197 del Código Penal».

Y es que, el texto incide en que, al igual que ocurre con la investigación criminal, «por graves que sean los hechos investigados, tampoco en la investigación periodística vale todo por relevante que pueda ser la noticia para la causa pública». La querella hace hincapié en la relación circunstanciada de hechos, «al ilícito acceso al expediente académico» de la dirigente a través del sistema de gestión de alumnos y matrículas de la Universidad, «pese a tratarse de datos amparados por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal».

En este sentido, indica que «dado que el acceso al sistema de gestión de alumnos, a través del cual se llegó a los datos de Cristina Cifuentes, se realiza mediante las correspondientes claves de personal autorizado a tal fin, se solicita la averiguación de la identidad de la persona o personas que accedieron a los mismos, apoderándose de ellos sin mediar autorización de su titular, y los cedieron posteriormente». Un acceso, por otra parte, que «hubiera podido facilitar su manipulación».

Asimismo, recoge que, a través de los artículos publicados por los periodistas, se utilizaron dichos datos «intentando hacer creer, sin base probatoria alguna, que Cifuentes obtuvo su título de máster mediante notas falsificadas».

 

Vanesa González

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