Los radares fijos de la provincia acumulan más de 31.000 denuncias en 2018

Diputación de León Palacio de los Guzmanes

Los radares fijos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene activos en las carreteras de Castilla y León formularon el pasado año un total de 219.567 denuncias por sobrepasar los límites de velocidad, más del doble que las tramitadas por estos dispositivos en 2012 (102.067), y más de la mitad del total de las sanciones impuestas por la DGT en 2018.

El radar fijo más ‘multón’ de la red de carreteras autonómicas, según datos de la DGT, se encuentra en el kilómetro 340 de la A-66, la autovía de la Ruta de la Plata, a las afueras de Salamanca, justo antes de la rotonda desde la que se accede a la A-62 en dirección Portugal y a la entrada de Salamanca Sur. En total, el pasado año impuso 26.583 sanciones en un tramo limitado a cien kilómetros por hora.

El segundo cinemómetro que más conductores ‘caza’ se encuentra ubicado también en la A-66, pero en la provincia de León. En este caso está ubicado justo antes de la salida 160 (Ardón-Valdevimbre), en dirección León. El pasado año multó a 20.852 vehículos.

El resto de los cinemómetros que más conductores cazan se encuentran en varios puntos de la provincia entre los cuales están en el kilómetro 347 de la A-6, en dirección Lugo, a la altura del carril de aceleración de la entrada de Manzanal (León); Los demás están distribuidos en las principales vías de la Comunidad.

Para el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, el incremento de las denuncias impuestas por los radares sólo responde a un afán recaudatorio por parte de la administración. Estadísticamente, no está demostrado que un incremento de las denuncias de los radares se traduzca en una reducción del número de accidentes ni de víctimas mortales.

Además, este tipo de multas no constituye en un elemento corrector de la conducta de los conductores, ya que ocho de cada diez sanciones son infracciones por superar «mínimamente» los límites máximos de velocidad. A su vez, también critica que el nueve de cada diez de estas sanciones se tramitan sin detención e identificación del conductor, «por lo que España se ha convertido en el país de la UE con más abuelos infractores».

En términos parecidos se pronuncia Antonio Lucas, portavoz del RACE, que indica que los radares deben tener una función preventiva e instalarse en puntos donde conflictos o en los que se registre u incremento de la siniestralidad, algo que en buena parte de los casos no ocurre. «Si se registra un incremento de las multas y la siniestralidad vial no desciende, es que algo está funcionando mal», sentenció.

En este sentido, Lucas reclama que la instalación de cualquier radar se haga en función de unos criterios objetivos e informando a los conductores, a la vez que propone que realizar de forma periódica informes para cambiar la ubicación de los cinemómetros.

Más control

A los 97 radares fijos ubicados en la Comunidad, se sumaron desde el pasado 1 de julio cinco nuevos que controlan la velocidad en tramos de carreteras nacionales de las provincias de Valladolid, Palencia, Burgos, Segovia y Soria, dentro del objetivo de la DGT de incrementar la vigilancia en las carreteras convencionales, vías que el pasado año se cobraron en Castilla y León la vida de 85 personas, el 69 por ciento del total.