La justicia cita el ejemplo del empresario Victorino Alonso, más conocido como el rey del carbón. El jueves, el tribunal condenó a Alonso a cuatro años de prisión por daños ambientales en el área protegida. Victorino Alonso a un paso de entrar en la cárcel, intenta evitarlo por todos los medios.
El daño fue causado por la apertura de una vía abierta conocida como Nueva Julia entre las ciudades de Laciana y Babia (León). El juez también ordenó el pago de 24,3 millones de euros en daños públicos relacionados con el impacto en el medio ambiente.
La sentencia judicial aún no se ha completado, por lo que Alonso aún puede apelar ante el Tribunal Supremo y ahora puede evitar ir a la cárcel.
En la misma línea, Alonso se enfrentó a juicios en varias ocasiones, incluso en 2018 evitó dos años de cárcel y una multa de 5,5 millones por dañar la Cueva de Chaves (Huesca), el lugar indicado para construir un corral de cabras en una finca de caza.
Fue declarado sospechoso y finalmente fue puesto en libertad por antecedentes penales que se remontan al momento en que tomó medidas en 2007.
El camino emprendedor en la mina Nueva Julia comenzó en 2008, cuando Alonso era el gerente único de Minero Siderrugica de Pon Ferrada SA (MSP). Además de 1918 a noviembre de 2008, fue nombrado Kotominero Cantábrico SA (CMC).
El juez dijo que las operaciones mineras realizadas dieron «como resultado cambios dramáticos en el ambiente afectado» fueron «reparación del espacio subterráneo, agua y subsuelo, calidad del aire, degradación química, ruido, vibración y biodiversidad. Medio ambiente, impacto en la fauna».
También el desencadenante de un alto riesgo para el medio ambiente. Independientemente de los requisitos legales o las órdenes de notificación reglamentaria, este entorno operativo devastado, al menos entre 2007 y 2010, se traduce en un «peligro para el medio ambiente y los recursos» y afecta las «áreas protegidas».
Victorino Alonso, de 68 años, es uno de los nombres más famosos de la industria minera de León y Asturias. Fue detenido en marzo del año pasado al inicio de la epidemia, con unas 600.000 mascarillas en uno de sus almacenes en Ponferrada (León), sin protección sanitaria. La Policía Nacional encontró estos artículos y los distribuyó a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Sanidad.
Como parte de esto, la fiscalía apeló la condena del tribunal de distrito en septiembre de 2019. El tribunal de distrito lo condenó a dos años y medio de prisión por actividades ilegales. No es una mina El Feixolín desde hace 13 años (Villa Brino, León). El ministerio pide más sanciones.
Sergio Requejo
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