La UPL ha emitido un comunicado donde denuncian que la concurrencia de estas empresas en procesos de adjudicación de servicios con la administración central, «con bajadas considerables de precios, sólo son posibles repercutiendo las mismas en unas condiciones laborales precarias. Eso es lo que está pasando con la empresa Novo Segur (antes Marsegur) que está desarrollando el servicio en el INTA de Cuadros y en las dependencias del INSS en León, ahora ya en concurso de acreedores, y acarreando retrasos en los pagos a los propios trabajadores.
No se pueden desarrollar concursos con empresas cuya historia reciente demuestra un desprecio total a la legislación laboral, y cuya práctica es bajar los precios en las adjudicaciones públicas para luego rebajar las condiciones salariales a los trabajadores, y es que eso no tiene ninguna lógica, convirtiéndolo en una política empresarial errónea que lleva de forma inevitable al cierre de la empresa, como se esta comprobando ahora.
Por ello, UPL exige un mayor control en la adjudicación de estos servicios y un mayor control sobre las buenas prácticas de las empresas que participan en la misma, en general, y en este caso concreto pedimos su rescate y, volviéndolo a sacar a licitación, que se garantice la calidad del servicio y la tranquilidad a los trabajadores del mismo.»