El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha empezado a recibir los informes, declaraciones y atestados en relación con la caída de Julen a un pozo de la localidad malagueña de Totalán el día 13 de enero. Los agentes de la Guardia Civil han interrogado ya al empresario que construyó el pozo y al dueño de la finca en la que se encuentra.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trata de determinar cómo se hizo el pozo en el que cayó Julen y si contaba con los permisos pertinentes, para lo que han tomado declaración tanto a la persona que lo construyó como al dueño de la finca. Por el momento, la Fiscalía no ha tomado declaración a nadie por esta cuestión, han informado a Efe fuentes judiciales.
Por su parte, la Junta de Andalucía afirma que no consta en ningún departamento del Gobierno autonómico que se solicitasen las autorizaciones necesarias para excavar el pozo de más de 100 metros.
Por su parte, el empresario que construyó el pozo, Antonio Sánchez, mantiene que él selló el orificio y que esta actuación fue modificada posteriormente por otra persona. Esta versión es la que facilitó desde un primer momento a la Guardia Civil el día que le tomaron declaración.
La Guardia Civil también ha interrogado al dueño de la finca y a otras personas relacionadas con los hechos e incluso han tratado de localizar a quienes ayudaron en las primeras horas tras la caída del pequeño al pozo.
Todas los informes, declaraciones y atestados que están realizando los agentes serán remitidos al titular del juzgado encargado del caso sin necesidad de que sea requerido por el juez, al igual que la prueba de ADN que se le hizo la semana pasada a un pelo de Julen, que fue cotejado con los familiares y con un biberón del menor.
Esta prueba científica no había llegado en los últimos días al Juzgado, ya que en un primer lugar el resultado se comunicó verbalmente.
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