Suspendida temporalmente la caza en Castilla y León

Tras la suspensión cautelar del decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL en Valladolid, se ha levantado la polémica ya que este hecho ha supuesto la suspensión de toda la caza de forma temporal.

La medida ha sido fruto de la petición del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) y supone la suspensión de toda la caza en la región de forma temporal.

A pesar de la temporalidad de la medida, las críticas no se han hecho esperar.

UPA-COAG ha declarado que la decisión judicial «da alas a los grupos que prefieren que todo el campo se convierta en selva». Según el sindicato, el varapalo lo sufren en mayor medida, los agricultores y ganaderos de la Región, que son los que, soportan las consecuencias de una proliferación de todo tipo de animales silvestres, que además de destrozar los cultivos, matar al ganado y transmitir enfermedades, provocan muertes por accidentes de tráfico.

El sindicato defiende la importancia de que la fauna salvaje sea «un patrimonio natural y no un problema para los ciudadanos«,  UPA-COAG es tajante a la hora de criticar este, «nuevo palo judicial a la consejería de Medio Ambiente». También han señalado que consideran imprescindible disponer de herramientas para el control de las especies silvestres»,a riesgo de dejar  «totalmente indefensos no solo a agricultores y ganaderos, sino al conjunto de la sociedad, que ya está viviendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje».

Por otro lado el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, desde Salamanca, ha insistido en el caracter imprescindible del sector de la caza para Castilla y León insistiendo además en su «compromiso» y el del Partido Popular de Castilla y León con la caza, pues «está en juego», según sus palabras, «no solo la defensa de la cultura y de las tradiciones», sino también una práctica que aporta puestos de trabajo, «riqueza económica»,  que fija población y repercute en la seguridad vial y en la «defensa de la sanidad animal»