El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de hoy, martes 25 de octubre, la modificación de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León que obliga que las gasolineras cuenten con un empleado cuando permanezcan abiertas al público.
En concreto y como se acordó ya en el pasado pleno de las Cortes, todas las instalaciones de suministro de venta al público al por menor de combustibles y carburantes deberán contar en la propia instalación y mientras permanezcan abiertas y en servicio al menos con una persona debidamente formada responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en esta Ley.
De este modo, las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones.
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