La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto que las administraciones y los organismo públicos que incluyan números de teléfono en grupos de WhatsApp sin consentimiento expreso del titular de la línea estarán violando la Ley de Protección de Datos (LOPD). La decisión se ha tomado después de que un vecino del municipio de Boecillo, en Valladolid, denunciará al Ayuntamiento por incluirlo en un chat sin permiso.
Protección de datos ha aclarado que la resolución no afecta a las personas que agreguen a sus familiares y amigos en un grupo.
El consistorio de Boecillo creó el 26 de octubre de 2016 un grupo de Whatsapp desde un móvil de su titularidad, según consta en la resolución de la AEPD publicada el pasado 20 de noviembre. El Ayuntamiento incorporó los teléfonos móviles de 255 personas —entre los que estaba el del denunciante— para informarles sobre «acciones o actuaciones de interés vecinal». La mayoría de los integrantes eran vecinos de la localidad y sus números de teléfono eran visibles para todos los demás miembros del grupo.
A pesar de que el consistorio declaró de que los números fueron facilitados por los titulares «para contactar directamente con una responsable del Ayuntamiento y recibir información», el vecino que presentó la denuncia aseguró que solo se había comunicado vía telefónica con el Ayuntamiento en dos ocasiones: una, para denunciar que estaban fumigando su vivienda y otra, por ruidos. El denunciante también afirmó que el consistorio tiene sus datos personales «para cuestiones de solicitud de licencias urbanísticas, tasas e impuestos municipales y denuncias por diversas causas» y no está autorizado a utilizar sus datos personales para ningún otro fin.
UN GRUPO DE WHATSAPP POR UNA RESERVA EN UN RESTAURANT
La Agencia Española de Protección de Datos dictó una resolución similar el pasado mes de octubre cuando un restaurant creó un grupo de Whatsappy agregó a clientes que habían hecho una reserva para una cena navideña. Uno de los miembros salió del grupo y fue incluido nuevamente por el administrador; entonces, por privado, recibió un mensaje: le comunicaban que si salía del grupo se anularía la reserva. Antes de la cena, en el grupo se publicó una lista con los nombres y apellidos de los asistentes, las mesa donde se sentarían y cuantas personas los acompañarían. Uno de los comensales denunció los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, que apercibió al restaurante.
Por eso, la Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto que el Ayuntamiento de Boecillo ha infringido lo dispuesto en los artículos 4.2 y 10 de la LOPD, tipificados como infracción grave. El artículo 4.2 establece que «los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos». «No se considerará incompatible el tratamiento posterior de estos con fines históricos, estadísticos o científicos», añade.
En este caso, la agencia no ha propuesto «medidas correctoras concretas» a tomar por el Ayuntamiento de Boecillo ya que el grupo se cerró «tan pronto» como el Ayuntamiento advirtió la situación irregular y el denunciante fue eliminado del grupo a las 11.37 del mismo día en que se creó. Según la LOPD, los organismos y administraciones públicas que vulneren la norma serán objeto de “apercibimiento” —o incluso deberán cumplir “acciones disciplinarias”—, pero en ningún caso deberán pagar sanciones.
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