Agentes de la Policía Nacional desarticulan una organización criminal en León que facilitaba la inmigración ilegal, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social. Las víctimas eran obligadas a esclavizarse bajo amenaza con sopletes y cuchillos. Se ha detenido a diez personas por conseguir autorizaciones de residencia temporal de manera ilegal, y otras cinco han resultado investigadas.
La organización estaba asentada en León y disponía de una red de pisos en las localidades de Mansilla de las Mulas, Campo de Villavidel, Valdepolo y otros pueblos cercanos. La red también se extendía a las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora.
En primer lugar, el jefe de la organización se encargaba de gestionar el traslado de inmigrantes irregulares, mayores y menores de edad, en patera desde diversas playas de Marruecos hasta Cádiz y Algeciras. En estas localizaciones, otros miembros de dicha organización los iban a buscar y los reubicaban por carretera. La premisa era que previamente les ofrecían «paquetes» de traslado desde su país de origen a España.
A continuación, los inmigrantes, de origen marroquí, eran trasladados a la provincia de León, donde la organización tenía una red de pisos en las localidades de Mansilla de las Mulas, Campo de Villavidel, Valdepolo y otros pueblos cercanos.
Por último, se empadronaba a las víctimas en las viviendas controladas. Dicho trámite se realizaba de manera fraudulenta y se llegaba a cobrar a las víctimas entre 150 y 300 euros.
A la hora de trabajar, el jefe de la organización se encargaba de intermediar entre la víctima y el empresario, para gestionar los trámites del contrato y la presentación de la correspondiente documentación en la Oficina de Extranjería. La organización se valía de sus familiares para acreditar el arraigo social.
Las condiciones de vida de los inmigrantes eran pésimas. Vivían en pisos sin agua ni calefacción. Además, cada víctima tenía que pagar entre 3.000 y 10.000 euros en relación a los trámites para regularizar su situación administrativa en España.
Muchas de las víctimas comenzaban a trabajar en explotaciones ganaderas antes de obtener la autorización de residencia. Trabajaban durante largas jornadas, todos los días de la semana, a cambio de un suelo bajo, comida o incluso sin recibir remuneración.
A las víctimas tampoco se les daba de alta en la Seguridad Social, pues trabajaban sin autorización. Además, recibían instrucción para saber cómo y dónde se tenían que esconder en caso de que hubiera una inspección laboral. Si no obedecían las órdenes, eran agredidos físicamente con sopletes en la cara o con cuchillos en la espalda.
La operación policial ha tenido lugar en dos fases. En primer lugar, se ha detenido a diez personas por favorecimiento de la inmigración ilegal, explotación laboral y fraude a la Seguridad Social. Siete son de León y tres de Palencia, Valladolid y Murcia. También se han intervenido 2.000 euros, documentación y material informático, al realizar dos entradas y registros en la provincia de León. La segunda fase ha concluido con cinco personas investigadas por lesiones y delito de fraude a la Seguridad Social.
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