Inicio Noticias Izquierda Unida pide la dimisión del Presidente de SERFUNLE, Sr Salguero

Izquierda Unida pide la dimisión del Presidente de SERFUNLE, Sr Salguero

Para Izquierda unida es totalmente inadmisible que por motivos formales se haya dejado caducar el expediente de SERFUNLE

La Concejal de Izquierda Unida, Eloina Terrón, presentó dos escritos en la Asamblea de Serfunle, en julio y septiembre de 2016, pidiendo reiteradamente que no se dejara caducar el expediente de nulidad de dicho contrato.

Es inadmisible que por motivos formales haya caducado este expediente, anulando el acuerdo de 4 de octubre de 2016 por el que declaraba nulo el acuerdo de SERFUNLE de adjudicación a la empresa privada los servicios funerarios de la Mancomunidad que incluía el canon irregular que nos ha costado más de 10 millones de euros al erario público.

Los motivos de nulidad de este contrato de los servicios funerarios están claros y son contundentes. Han sido expuestos y avalados por todos los informes técnicos: Interventor, secretaria accidental, secretaria de la Mancomunidad de SERFUNLE, y de la sociedad SERFUNLE SA, por el Consejo Consultivo de Castilla y León y por una sentencia del Tribunal nº 3 de León.

Por lo tanto, ha sido por dejadez y “mal hacer” en el procedimiento por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acabado dictaminando que ha caducado el procedimiento porque no se han respetado los plazos procedimentales.

La representante del Ayuntamiento de San Andrés en la Mancomunidad SERFUNLE, la Concejala Eloina Terrón, de Izquierda Unida, solicitó por dos veces, en julio de 2016 y en septiembre del mismo año, al presidente de la Mancomunidad, que se impulsara dicho expediente, para que no pasara lo que ha pasado: que caducaran los plazos, es decir, que no nos encontráramos con que, por defectos de forma, caducara este expediente, como así ha ocurrido.

El contrato que rige la sociedad SERFUNLE SA es nulo, pues se incluyeron cláusulas que no estaban en los pliegos de contratación que son los que rigen los contratos públicos. Estas cláusulas nos han costado a la ciudadanía más de 10 millones de €, dado que estamos pagando un canon de 600.000 € anuales a la parte privada.

Desde Izquierda Unida denunciamos la dejadez e ineptitud para llevar a cabo este expediente, y la gravedad de esta situación ya que afecta totalmente a la confianza que la ciudadanía tiene en la gestión pública.